Desde la Xunta indican que la cita previa obligatoria es residual en sus oficinas pero, en todo caso, Rueda ha dado orden de que se suprima de inmediato.
La entrega de estos funcionarios al Gobierno Vasco supondrá, en la práctica, la entrega de aquellos que deben ejercer sus funciones de control para que dependan de quienes tienen que controlar
Os autónomos denuncian que todas as comunidades incumpren o prazo de 30 días que establece a Lei de Morosidade, e só as pequenas empresas son cumpridoras.