Además de las infracciones administrativas, que por tener un trabajador sin papeles oscilan entre 501 y 100.000 euros, los acusados se enfrentan a un proceso por lo penal -ya están en prisión preventiva- donde podrán ser condenados a entre dos años y cinco años de privación de libertad, según el artículo 312 del Código Penal.
La investigación sigue abierta y no se espera que los dos hombres comparezcan ante el juez este lunes.