sanción

La semana pasada se resolvió la sentencia sobre una agresión que una auxiliar de enfermería sufrió a manos de un paciente en su jornada laboral.

Los beneficiados por la decisión de la Justicia podrían ser incluso más si al final también el segundo estado de alarma es declarado ilegal. El Gobierno promete que procederá a la devolución "de oficio" de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del primer estado de alarma.

La Comisión Galega de Control da Violencia ha sancionado con sendas multas de 150 euros a dos espectadores que fueron denunciados por la Guardia Civil en un campo de fútbol de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) por alentar a los asistentes a actitudes violentas.

Observa "reiteradas deficiencias e incumplimientos" en los análisis del 2016 y 2017 y suspende el laboratorio municipal.

La Xunta analiza el anuncio de la Fundación de cerrar el pazo, mientras recibe reproches por no actuar con firmeza.

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat lleva semanas viviendo colas de varias horas y los trabajadores anuncian una huelga.

El presidente de Fetram asegura que toman esta decisión "ante el importante agravio que se ha causado" a sus asociados.

Antiviolencia impone otros 30.000 euros de multa al club por la pancarta que cada partido se desplega en el fondo de Marathon.

Antiviolencia propone dos multas de 30.000 euros por una pancarta con la leyenda 'Riazor Blues' en los partidos contra el Betis y el Barcelona.

La CNMC casitiga a Renfe Mercancías con casi 65 millones de euros por prácticas "corregidas voluntariamente". La operadora ferroviaria recurrirá la multa.

Los sindicatos fijan la creación de un registro de estibadores como su principal demanda, que el Gobierno niega por constituir una "línea roja". 

El PSOE le impuso 600 euros de multa por mantener el 'no' en la investidura de Rajoy y un grupo de militantes hizo una colecta.

Jiménez asegura que van a mantener las acciones aunque 'Recupera PSOE' haya asegurado que van a retirar la palabra 'PSOE' de su local. 

Segundo o sindicato CGT, un de cada sete contratos na provincia coruñesa en 2016 correspondeuse cunha persoa "que non pasou ningún tipo de proceso selectivo". 

Sinalan que a multa é "improcedente" porque a Constitución establece que os membros das Cortes non están suxeitos a mandato imperativo. 

Bruxelas abriu expediente contra sete Estados membros por non establecer sancións de disuasión e por non aplicalas en caso de infracción. 

As suspensións están acompañadas de multas económicas. Cabe agardar que o club vigués recorra os castigos ante Apelación.

Carga contra o PP pola "utilización política" dun procedemento e vincula ao edil Sánchez Brunete coa filtración do expediente.

El Tribunal de Justicia de la UE debe decidir si sanciona estas prácticas abusivas desde que el Supremo dictó que eran ilegales o desde el inicio de cada hipoteca, el peor escenario para los bancos.

A correspondente económica da Comisión Europea en España, Ann Westman, compareceu no Parlamento, onde lembrou que "non hai ningunha obriga de impoñer sancións".