vivienda

En la página web del consistorio se encuentra el comunicado de Naturgy donde sale una relación detallada de todas las calles que se verán afectadas 

El Gobierno Autonómico de Galicia ya había indicado que no iba aplicar de oficio la norma estatal y que está a la espera de que los ayuntamientos remitan informes solicitándolas. Con todo, las declaraciones de hoy del partido conservador apuntan a que en ningún caso se aprobarán esas zonas porque entienden que reducirá la oferta, agravando el problema del encaracimiento de las viviendas en alquiler.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia ha anunciado una próxima subasta pública de más de 500 inmuebles, con una concentración significativa en áreas urbanas. Los precios mínimos variarán según la ubicación y características de los bienes ofertados, con locales comerciales que oscilan entre los 3.700 y los 420.306 euros, y plazas de garaje entre los 2.600 y los 18.516 euros para la compra, y entre los 78 y los 720 euros anuales para el arrendamiento. Se espera una alta demanda, especialmente en ciudades como Vigo, Pontevedra y Ferrol, donde se encuentran la mayoría de los inmuebles en oferta. Es importante destacar que los locales comerciales se encuentran en inmuebles de VPP, mientras que las plazas de garaje son resultado de normativas urbanísticas locales.

En ciudades como Vigo precisan que están estudiando si hacer la solicitud de mercado tensionado, por lo que de momento no exponen un posicionamiento al respecto. En Lugo, los técnicos trabajan para hacer los cálculos de las zonas en las que se podría aplicar
 

Esta figura creada por la última Ley de Vivienda aprobada por la izquierda se refiere a áreas donde, debido a las condiciones específicas del mercado inmobiliario (como el costo del alquiler y las hipotecas), hay riesgo de que la oferta de viviendas sea insuficiente para la población. En estas zonas, se autoriza la implementación de restricciones para regular el mercado, aunque la designación como tal depende de las decisiones de los gobiernos autonómicos. La Xunta ha pasado la pelota a los ayuntamientos. El de Santiago asegura que hará los informes, pero que llevará tiempo y que al final San Caetano no las pondrá en marcha.

La Xunta estudia "con detalle" desde un punto de vista técnico "las implicaciones de este índice" que, ha lamentado, "una vez más fue diseñado sin la consulta ni la escucha de ninguna de las comunidades autónomas"

Todos los autonomos, tendrán que presentar una declaración del IRPF, facturen lo que facturen. Además, este año el calendario es ligeramente distinto que en campañas anteriores. En lo que a deduciones se refiere hay novedades en lo referente a los alquileres en zonas tensionadas.

La recta final de la campaña viene marcada por las advertencias del favorito en las encuestas, el PPdeG, de que Galicia puede acabar gobernada por independentistas. como cataluña El Bloque no se deja intimidar, dice que Rueda anda nervioso por el avance nacionalista en los sondeos y alquila un gran recinto, el Multiusos do Sar, para su acto de cierre de campaña. El PSOE centra sus propuestas hoy en vivienda. Sumar ataca a los socialistas por su “lamentable” debate cara a cara con Pontón en RTVE. Vox insiste en tirar sus redes en el rural y Podemos Galicia trae a Irene Montero para presumir de avances en Igualdad. Jácome, mientras tanto, se pone un disfraz de Power Ranger y su mano derecha dice que están abiertos a pactar con la izquierda
 

Ante la proximidad de las elecciones del 18F, el Sindicato de Inquilinas Vigo-Tui-BM ha interpelado a los partidos políticos para abordar la creciente problemática habitacional en la Galicia urbana, donde cada vez más familias no pueden encontrar un alquiler aceptable.  Medidas como el Programa de Vivendas Baleiras de la Xunta y la Fegamp han fracasado, por lo que proponen actuaciones como regular contratos de larga duración, de hasta 12 años incluso.

"No hay oferta disponible para atender toda la demanda", incide el presidente de la Asociación Gallega de Inmobiliarias (Agalin), Carlos Debasa.

Los hosteleros hablan de competencia desleal y pide la actualización del marco legal

La vivienda libre experimenta un crecimiento significativo en el tercer trimestre, mientras las ejecuciones hipotecarias disminuyen, según ha publicado el INE este miércoles

En el año en curso, se han concedido 75 avales y otros 31 están en tramitación, sumando un esfuerzo de 1,43 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda

El INE revela que Galicia ha registrado una disminución del 3% en el precio de la vivienda durante el tercer trimestre de 2019

A Coruña y Santiago serán declaradas zonas residenciales tensionadas. La Xunta rectifica y planea aplicar esta figura de la Ley de Vivienda estatal por lo menos a estas dos urbes.

Los dos cadáveres encontrados este mes en infraviviendas en Vigo son solo dos ejemplos de como el problema de la vivienda en Vigo se está cebando cada vez más con los más vulnerables. Así lo denuncia Os Ningúens, un colectivo de activistas olívicos que ayuda a personas sin hogar.

Una concentración pide viviendas públicas en regimen de alquiler social para las víctimas del incendio en el que murieron varios niños y para los inquilinos de dos edificios que tienen orden desalojo. El colectivo Os Ninguén argumena que ningún casero va alquilarle una vivienda estas personas, la mayoría gitanos, inmigranes y personas con alguna discapacidad.

La empresa estatal de China que compró el Grupo Puentes y los fondos americanos Blackstone y COBRE son algunos de los operadores extranjeros más relevantes del mercado inmobiliario. En el campo de los inversores gallegos destacan dos entidades coruñesas, el Grupo Lavandeira y el grupo familiar de los Jove. Con todo, su número de propiedades no es tan grande como para ser el factor clave en el encarecimiento de los alquileres estos años.

La propiedad, que opera una red de inmobiliarias en la ciudad, desoyó la orden de la semana pasada para el abandono de Fisterra 11 y 13, donde moran docenas de emigrantes y personas con discapacidad, pese al riesgo de incendio aducido por la Administración.

Los informes del Ayuntamiento muestran que la administración sabía que los edificios desalojados recientemente llevaban años funcionando como pensión para pobres, pese a que no costaba permiso para tal actividad, pero no fue hasta este mes que mandó desalojarlos.