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​El 'cerebro' financiero de la Gurtel niega los pagos a Bárcenas, Álvarez-Cascos o Merino

El acusado, que se defiende a sí mismo, destaca que la acusación de la Fiscalía es "falaz" y "falsa" .


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Luisdemigueltramagurtel


El considerado 'cerebro' financiero en el extranjero de la trama Gürtel, Luis de Miguel, ha destacado ante el tribunal que le juzga junto a otras 36 personas por su implicación en la primera época de actividades de la red encabezada por Francisco Correa, haber pagado comisiones al extesorero 'popular' Luis Bárcenas, al exministro de Fomento y exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos o al exdiputado de la misma formación política Jesús Merino.


El acusado --para el que la Fiscalía solicita 18 años y 6 meses de prisión--, que se defiende a sí mismo, en su turno de defensa ha leído un documento en el que ha destacado que la acusación de la Fiscalía no es "sólo falaz, sino falsa". Ha recordado que él ha ejercido únicamente como asesor y que recibía órdenes del considerado 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, que a su vez, ha indicado, seguía las instrucciones de Correa.


Ha negado que la sociedad Spinaker 2000 SL hiciese pagos "a tutiplén" a Bárcenas, Álvarez-Cascos o Merino, tal y como se desprende de algunos documentos policiales que obran en el sumario de esta causa. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) la trama usó esta sociedad para repartir los beneficios de las campañas del PP en 2003 y 2004.


Según ha dicho, esta empresa no tuvo "ninguna actividad", sino que sólo se utilizó para hacer una compra de acciones y "poco más". De hecho, ha apostillado que compró esta Sociedad traspasando las acciones a Tuscan Inversiones 2000 SL, que consta a propiedad del acusado.


NO CONOCE A ÁLVAREZ-CASCOS


El abogado del PSOE valenciano, Virgilio Latorre, le ha inquirido sobre si las siglas 'P.A.C.' que aparecen en la denominada 'contabilidad B' de la Gürtel corresponde a Álvarez-Cascos: "¿Puede ser Paco Álvarez-Cascos?", le ha preguntado el letrado, a lo que De Miguel ha contestado con otra pregunta: "¿Qué?".


Ante la insistencia de Latorre, De Miguel ha mencionado que no le conoce y que, por tanto, no sabe "ni a qué se dedica", salvo lo que sale de él en los medios de comunicación. Además, ha asegurado que nunca tuvo constancia de "a quién se atribuyó las participaciones" que se facturaron por las campañas electorales a través de Spinaker y Rialgreen: "No recuerdo escribir ninguna cosa dentro de beneficiarios, lo entregué en blanco", ha subrayado.


Según la UDEF, el beneficio se habría dividido en dos partes iguales: una que se repartía entre el administrador de Asian Deluxe Group, José Luis Roig Gallego y la persona identificada como P.A.C; y otra que se distribuía entre la persona correspondiente a 'P.A.C' junto a Bárcenas, el ex eurodiputado Gerardo Galeote, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y Merino.


En varios momentos de su declaración ha insistido en que no conoce a ninguna de las personas mencionadas y por ello niega haber entregado el dinero, tal y como asegura la Fiscalía en su escrito de acusación.


De Miguel ha hecho hincapié sobre la normalidad y su "experiencia" en gestionar ingresos a políticos. Ha manifestado que ha tenido clientes procedentes de Izquierda Unida (IU), del Partido Comunista Español (PCE), a "algún" embajador y diputados socialistas, así como a Unión Centro Democrático (UCD) en 1977.


PARTICIPACIÓN DE BÁRCENAS EN UN PROYECTO INMOBILIARIO


Por otro lado, la fiscal Concepción Sabadell ha preguntado por la posible participación de Luis Bárcenas en la sociedad Rustfield para la compra de unos terrenos donde se construiría 16 viviendas de lujo en Majadahonda. Le ha mostrado un documento manuscrito --que De Miguel ha reconocido como suyo-- en el que se apunta que 'PC' y 'LBarcenas' aportaron 50 millones de pesetas.


De Miguel ha indicado que apuntó lo que le dijo Correa en una conversación que mantuvo con un empresario en un restaurante sobre la supuesta participación del extesorero 'popular'. No obstante, ha asegurado que "nunca" volvió a "saber nada" al respecto.


Asimismo, ha contado que elaboró un contrato de préstamo participativo de una sociedad de la trama con la mujer de del extesrorero, Rosalía Iglesias, que, según ha indicado, "nunca se llegó a firmar". A preguntas del abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, ha afirmado que no tiene conocimiento de que el matrimonio haya participado en el proyecto Twain Jones, por el que se promocionó las 16 viviendas de lujo.


Sobre el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega ha dicho que le conoció en 2001, cuando se lo presentó Correa, y que creó una empresa en el extranjero para él ya que, al igual que le dijo el 'cabecilla' de la trama, no quería aparecer como propietario de ninguna sociedad en España porque el partido de la oposición en la localidad madrileña estaba "detrás de él" para "montar bulos".


Así ha constatado que le cedió Tranquil Sea INC, cuya propiedad a Correa y estaba domiciliada en la isla de Nevis, que estaba ligada a la española Sundry Advice, propiedad de Ortega. Aún así, ha asegurado que sospechó que pasaba "algo raro" en 2004 cuando el exalcalde tuvo que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción por una denuncia presentada por el partido de la oposición de Majadahonda y que se quedó "más tranquilo" cuando ésta se archivó.


TRANSFERENCIAS ENTRE SOCIEDADES


Por otro lado, ha afirmado que las sociedades en el extranjero de Correa se traspasaban fondos para hacer inversiones, sobre todo inmobiliarias, y ha negado haber intervenido en este tipo de operaciones. Ha destacado también que Rustfield era una de las empresas que desarrollaban estas gestiones y que él no administró esta sociedad.


Asimismo, la fiscal le ha mostrado varios fax relacionados con transferencias de dinero para realizar las operaciones inmobiliarios, sobre los que el acusado no ha reconocido sus firmas. De Miguel ha subrayado también que "nunca conoció el origen ilícito del dinero con el que se realizaban las operaciones".


En esta línea ha enfatizado que el hecho de que él haya participado en la constitución de una empresa en el extranjero, ya que se lo pidieron, no significa que haya colaborado en la comisión de un delito.

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