Santos Héctor queda absuelto del enchufe de una cuñada de Carmela Silva

La jueza de instrucción número 7 de Vigo ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investiga el supuesto 'enchufe' de la cuñada de Carmela Silva con respecto al concejal de Empleo y Participación Ciudadana, el socialista Santos Héctor Rodríguez.

Así lo señala la magistrada en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se señala que "no resulta suficientemente acreditado el conocimiento efectivo" por parte del concejal de que se estaban pagando facturas a la concesionaria Imesapi (con contratos menores) para que la empresa pagase la nómina a la familiar de la teniente de alcalde.

Santos Héctor Rodríguez se suma así a otros cuatro investigados en esta causa para quienes se acordó el sobreseimiento. Así, los primeros en quedar 'fuera' del procedimiento fueron los interventores municipales (Luis García y Ramón Carnero); posteriormente, la jueza dictó el sobreseimiento con respecto a un apoderado de Imesapi, José Antonio M.B., porque no tenía capacidad decisoria en la contratación de personal.

También acordó, el pasado verano, el sobreseimiento con respecto a Vanesa F.B., cuñada de Carmela Silva, en su caso, por prescripción del delito (tráfico de influencias), ya que pasaron más de tres años desde los hechos hasta la presentación de la denuncia.

SUPUESTO ENCHUFE

No obstante, como ya en su día había apuntado, la jueza ahora ratifica que "resulta indiciariamente acreditado" que Vanesa pidió al jefe de servicio de Participación Ciudadana, Francisco Javier G.O., un empleo "prevaliéndose de su relación de parentesco" con Carmela Silva.

Asimismo, la magistrada considera acreditado que este funcionario requirió al administrador de la concesionaria Imesapi, Ramón C.A., para que contratase a la cuñada de la concejal y, como la empresa no necesitaba más personal, se articuló una fórmula alternativa para compensarla por el gasto: se tramitaron nueve contratos menores para la realización de encuestas, con un coste total de más de 128.000 euros, y con ese dinero, Imesapi pagaba la nómina a Vanesa F.B.

Por otra parte, la jueza señala que esas encuestas constaron de dos fases: la realización de llamadas y el análisis de datos. Sobre la primera parte, pone en duda que Vanesa F.B. hubiera podido realizarla sola; y sobre el análisis, señala que se desconoce la autoría pero que, en todo caso, todo apunta a que "Imesapi no hizo esos trabajos".

Como consecuencia, el pago a la empresa por unos trabajos no realizados se haría mediante facturas mendaces o falsas; asimismo, señala en el auto, se generó a las arcas municipales un gasto "simulando" el pago de un servicio público.

POSIBLES DELITOS

Así las cosas, la jueza sostiene que hay indicios de que Francisco Javier G.O. podría haber cometido los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Asimismo, entiende que Ramón C.A. pudo ser cooperador necesario en los delitos de malversación y falsedad.

Por ello, ha acordado continuar la tramitación de las diligencias como un procedimiento abreviado, contra el funcionario jefe de servicio de Participación Ciudadana de Vigo y contra el administrador de la empresa concesionaria Imesapi.

Con este paso, se da por finalizada la instrucción de esta causa, a la espera de que la Fiscalía y la acusación particular presenten sus respectivos escritos de calificación, y se dicte, si procede, el auto de apertura de juicio oral.