​Una gallega lleva al Parlamento Europeo la desprotección judicial de víctimas de violencia machista y abusos a menores

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Estrela Gómez Viñas, coordinadora de la Asociación Gallega contra el Maltrato a Menores (AGAMME), interviene este miércoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, arropada por la eurodiputada de AGEe Lídia Senra, para denunciar posibles "irregularidades" de la praxis judicial española en casos de violencia de género y abusos de menores.


En concreto, la peticionaria reclama que se corrijan las "deficiencias del sistema judicial" y que "se erradique el sesgo machista" en este tipo de casos.


El organismo comunitario aceptó a trámite hace justo un año la petición promovida por AGAMME, la Red de Mujeres Vecinales contra los Maltratos de Vigo y el Grupo de Investigación Antígona, de la Universidad de Barcelona, en la que se denunciaba la existencia en el Estado español "de una praxis judicial que no responde al marco normativo establecido por el Parlamento Europeo en materia de protección de víctimas de violencia de género y víctimas menores de edad".


Según defende Estrela Gómez, "la recogida del testimonio de la víctima" en este tipo de causas "continúa caracterizándose por su opacidad, por su falta de adaptación a las características y necesidades de la víctima, por el fuerte impacto que causa a los niños y niñas y por su ineficiencia".


Por ello, reclamará a la Comisión que inste al Estado español a "corregir las deficiencias del sistema", en especial en la atención a víctimas de abuso sexual en el ámbito judicial, "haciendo constar con claridad en la normativa plazos de intervención, medidas para adaptar el procedimiento a las necesidades de cada niño, perfiles profesionales mínimos o características materiales y tecnológicas de las salas de entrevista y de las salas de espera".


También reclamará que "se tomen las medidas oportunas" para que "deje de ser posible la aplicación del supuesto síndrome de alienación parental", tanto como base para refutar la validez del testimonio del niño como para la adopción de medidas en vía civil.


Entre otras cosas, reclamará también que se regule el acceso de las víctimas a la atención psicológica, independientemente de que el progenitor acusado dé o no su consentimiento; y que se evalúe el funcionamiento y coordinación de los organismos implicados.

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