Paga 40 euros al día para salir de casa porque sus vecinos no quieren ascensor

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"Esto no es vida". A Belén, de 48 años y vecina de Santiago, cada día que sale de casa le supone 40 euros: los que le paga a una compañía de ambulancias que, con la ayuda de una 'silla oruga', la baja hasta el portal de su edificio debido a sus problemas de movilidad.


Así pues, al coste de su terapia para luchar contra el avance de la esclerosis múltiple, a la que acude de lunes a viernes en la clínica Foltra, Belén tiene que sumar unos 800 euros mensuales únicamente para salvar las escaleras de su inmueble.


"La inmensa mayoría" de la comunidad se opone a instalar un ascensor debido a que "casi todos los pisos están alquilados a estudiantes" y son sólo tres propietarios, incluida ella (que vive con su madre), los que residen en el edificio.


"Los dueños no tienen ningún interés en el edificio porque no viven aquí, pero yo no estoy pidiendo lujos", recalca, dolida con su "insensibilidad y egoísmo", tras haber recurrido a la Xunta, al Ayuntamiento de Santiago y a la Valedora do Pobo.


¿QUÉ DICE LA LEY?


La respuesta está en la ley, que obliga a instalar el ascensor aunque no exista acuerdo de la comunidad en caso de que lo requiera una persona mayor de 70 años o con una discapacidad. Eso sí, siempre que el importe "no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes".


En el caso de su edificio, el coste, entre el elevador y la obra, ronda los 100.000 euros, lo que supondría a cada uno de los 18 propietarios desembolsar unos 5.500 euros que no parecen dispuestos a invertir pese a que --argumenta Belén-- "incluso revaloriza" los pisos.


"LE PUEDE PASAR A CUALQUIERA"


Mientras aguarda que el tratamiento que acaba de comenzar le suponga alguna mejora y pueda, "aunque sea lentamente", subir y bajar las escaleras desde el tercer piso en el que habita, Belén pide a sus vecinos y a las administraciones que se pongan en su lugar.


"Le puede pasar a cualquiera", señala, y compara su situación con la de "vivir en una cárcel". Es por ello que, en mitad de la entrevista, deja una recomendación: "Que nadie compre un piso sin ascensor".


HACE FALTA AYUDA


En paralelo, sus solicitudes se centran en cambiar la ley para obligar a los propietarios a repartirse el coste de la obra, eso sí, matiza, teniendo en cuenta sus posibilidades económicas.


Además, tras 10 años "peleando" por el ascensor, reclama algún tipo de ayuda económica. Y es que la nómina que percibe esta profesora de inglés de baja "desaparece" entre pagar su terapia y a los operarios que, en apenas 15 minutos, la sacan y meten en casa.


Otro servicio que echa en falta es un número al que llamar para que la levanten en caso de caída, pues su madre, de casi 73 años, "ya no puede" hacerlo desde hace "dos o tres años". En Santiago no existe, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, según relata.

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