#Claves de la semana

​Cuatro de cada diez trabajadores de los municipios gallegos son temporales

"El nivel de precariedad supera todos los límites de lo permisible", subrayan desde Red Localis, que presentó el informe.


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Funcionarios papeles


La temporalidad afecta a cuatro de cada diez trabajadores de ayuntamientos gallegos de menos de 50.000 habitantes, que son todos menos las siete ciudades. En concreto, el 42,7% de los trabajadores de estos municipios es personal laboral temporal.


En cifras, con información de 2016 y 2017, el personal laboral temporal ascendía a 5.163 trabajadores, de un total de 12.104 empleados públicos (2.888 son laborales fijos). Por provincias, la temporalidad ronda el 60% en Lugo y Ourense (58,5% y 58,2%, respectivamente), mientras que es del 40,5% en A Coruña y baja al 29,4% en el caso de Pontevedra.


"El nivel de precariedad supera todos los límites de lo permisible", según ha advertido Antonio Javier Ferreira, uno de los autores del último informe que ha presentado este lunes la Red Localis, que contiene estos datos.


El estudio, Radiografía de la gestión de recursos humanos en los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes: condicionamientos previos y propuestas de solución, establece también que es necesario un marco normativo propio que homogeneice los criterios para este tipo de municipios.


Así lo han destacado Alberto Vaquero y Miguel Ángel Santirso, quienes, junto con Concepción Campos --que no ha participado en la rueda de prensa--, completan el listado de autores.


OBJETIVO DEL 8%


En su intervención, Santirso ha explicado que la precariedad afecta a la credibilidad de estas administraciones locales, lastradas por la conflictividad jurídica que lleva a que numerosos empleados públicos se conviertan en indefinidos, aunque no fijos.


Ferreira, por su parte, ha criticado el "desinterés" del legislador, tanto estatal como autonómico, en estos ayuntamientos, y ha comentado que los presupuestos generales aprobados en junio abren la puerta a procesos de consolidación, con el objetivo "ideal" marcado por la Unión Europea de reducir hasta el 8% la temporalidad en "el futuro".


Frente a esto, Vaquero ha señalado que la tasa de personal "tiende a subir", en un escenario de políticas "coyunturales y de parcheo" en el que los programas subvencionados, bien por el Gobierno central o bien por el Ejecutivo autonómico, acaban haciendo que sea "el ayuntamiento el que soporta el coste final".


Y es que, en un contexto en el que funcionan "claves clientelares", según ha indicado, ante reducciones de financiación, los consistorios "siguen teniendo al personal", y, por tanto, la obligación de sufragar sus sueldos.


Al respecto, el documento de la Red Localis recoge una referencia a las retribuciones "muy bajas" que se dan en algunos de estos ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, con supuestos en los que la temporalidad llega a ser igual o superior al 70%, según ha apuntado Ferreira.


SOLUCIONES


El estudio plantea varias "soluciones" para combatir la "rigidez" del régimen legal, la "paulatina politización" del empleo público, la "inexistencia de planificación" y desajustes en épocas de bonanza económica y crisis, que conllevan "ineficacia e ineficiencia".


Entre ellas, los expertos han mencionado la relevancia de que haya "inversión" en la consolidación de los puestos de trabajo y que se aborde "una regulación específica" para el personal al servicio de las administraciones locales pequeñas.


La colaboración supramunicipal y la fusión de municipios "pueden solventar problemas", pero el consejo de estos especialistas es "ver en cada caso" si es más adecuado este tipo de medidas o los convenios de colaboración, por ejemplo.


Asimismo, considera que "falta" la figura del directivo público profesional, vacío que se suple por concejales con dedicaciones parciales o exclusivas y personal eventual, es una situación "a superar".


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