Desahucios en Galicia: incertidumbre ante el fin de la moratoria y falta de datos desde la Xunta

La problemática de la vivienda en Galicia ha vuelto a encender el debate político dentro de los pasillos del Parlamento autonómico. Según la última contestación oficial emitida por el Gobierno autonómico por vía escrita a preguntas del Grupo Socialista, un total de 779 unidades familiares recibieron asistencia integral durante el ejercicio 2025 mediante el programa gallego de apoyo a personas en riesgo de desahucio. Pese a la relevancia de este indicador cuantitativo, el parlamentario del PSdeG-PSOE, Aitor Bouza, ha señalado la ausencia de documentación detallada y pormenorizada proveniente de la Consellería de Política Social e Igualdade sobre este punto.

Esta «falta de transparencia administrativa» obliga a los investigadores, partidos de la oposición y colectivos del tercer sector a contrastar la dimensión del conflicto socioresidencial recurriendo a los balances periódicos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o a los estudios elaborados de forma independiente por entidades sociales. Sumado a esto, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Galicia) advierte de que las familias vulnerables en Galicia afrontan un escenario de desprotección extrema tras la no prorrogación de la moratoria estatal contra los desahucios, un escudo judicial que frenaba la emergencia habitacional y cuya supresión anticipa un repunte de los lanzamientos para este año 2026.

Ausencia de datos desglosados

La iniciativa de control parlamentario liderada por el diputado socialista Aitor Bouza tiene como meta verificar cómo interactúan las diversas carteras de la Xunta de Galicia frente a las órdenes de lanzamiento inminentes. Desde el PSdeG sostienen con firmeza que este asunto requiere una intervención bidireccional y coordinada en la que deben implicarse obligatoriamente tanto la Consellería de Vivenda como la Consellería de Política Social. El propósito de los socialistas se centra en auditar el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Xunta de Galicia en el marco de los planes estatales de vivienda precedentes.

Sin embargo, el resultado de la solicitud de información ha sido juzgado como insuficiente por Bouza. El diputado socialista lamenta que el Ejecutivo gallego solo se haya limitado a facilitar la cifra agregada de 2025 sin aportar series históricas ni datos geográficos o socioeconómicos, lo que permitiría hacer una evaluación de impacto en profundidad. «Solo se ha respondido en parte; la Xunta contesta lo que quiere para ofrecer su propio titular», denunció el diputado socialista, remarcando que el programa autonómico se nutre además de la cofinanciación de fondos comunitarios a través del programa Fondo Social Europeo Plus.

Atendiendo a la escueta contestación proporcionada por la administración, el programa gallego operó a lo largo de 2025 en las siete grandes urbes de la comunidad autónoma, disponiendo para ello de un equipo compuesto por 18 profesionales entre trabajadores sociales, técnicos jurídicos, asesores financieros y auxiliares administrativos. El desglose del balance anual refleja que el grueso de la atención se destinó a paliar situaciones originadas por impagos de alquiler, con un total de 691 unidades familiares asistidas por esta causa, frente a las apenas 88 familias que requirieron apoyo debido a deudas derivadas de préstamos hipotecarios.

El soporte institucional de la Xunta consistió en ofrecer asesoramiento económico y jurídico integral, intermediar con arrendadores y entidades financieras, confeccionar planes de economía doméstica, dispensar atención social o psicológica y coordinarse con los juzgados de instancia y los servicios sociales de cada municipio con la meta final de procurar alternativas habitacionales fiables.

Galiciapress se puso en contacto con la Consellería de Política Social preguntando directamente sobre esta ausencia de datos desglosados. La respuesta dada desde el gabinete de prensa del organismo autonómico es que no se lleva un registro mediante desgloses. Las diferentes peticiones se registran según van llegando por los distintos canales: petición en persona, correo electrónico, llamada, etc. A partir de ahí se llevan a cabo una serie de acciones encaminadas a una solución habitacional en caso de ser necesario. Aun así, no se hace desglose en cuanto a desahucios o acciones para evitar lanzamientos. Sí existen dichos informes en diferentes organismos como el CGPJ, señalan desde Política Social.

Los lanzamientos según el balance anual del CGPJ

Ante la falta de series estadísticas amplias en los departamentos autonómicos, el informe anual elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al cierre del ejercicio 2025 arroja una luz analítica indispensable para descifrar la tendencia de la exclusión habitacional. Los datos de los juzgados confirman que los órganos judiciales practicaron en Galicia un total de 1.046 lanzamientos a lo largo de 2025, lo que se traduce en una contracción interanual del 12,2 % con respecto a los 1.191 ejecutados durante 2024.

El desglose estadístico del Poder Judicial demuestra con claridad que la inmensa mayoría de las expulsiones de inmuebles en la comunidad están directamente ligadas al mercado del arrendamiento urbano. En concreto, 876 desahucios se ejecutaron en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) debido al impago de las rentas mensuales de alquiler, experimentando un leve retroceso del 8,7 % en comparación con el ejercicio previo. Por su parte, los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias sumaron 118 casos, reflejando un descenso mucho más pronunciado del 34,8 %. Las 52 familias restantes perdieron sus inmuebles por tipologías jurídicas variadas o causas diversas. En paralelo, las demandas de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los tribunales gallegos sí registraron un incremento, pasando de 944 en 2024 a 1.011 en 2025 (+7,1 %).

Una de las grandes novedades metodológicas que incorpora el informe del CGPJ es la recopilación, con carácter orientativo, de las solicitudes de suspensión de lanzamientos en viviendas habituales motivadas por situaciones de especial vulnerabilidad socioeconómica. Centrándose en el cuarto trimestre de 2025, los juzgados de primera instancia y secciones civiles de Galicia tramitaron 104 peticiones de esta índole, logrando resolver un total de 94. De este volumen de expedientes resueltos, la judicatura gallega tan solo decretó la suspensión de cinco lanzamientos aplicando el artículo 1 del Real Decreto 11/2020, relativo a hogares vulnerables carentes de alternativa. Ninguna paralización pudo sacarse adelante mediante el artículo 1 bis de dicha normativa estatal. En contraposición, los órganos judiciales gallegos aplicaron en 9 ocasiones el artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para detener cautelarmente los desalojos en juicios verbales.

EAPN-Galicia: Vivenda debería hacerse cargo

El análisis del tejido asociativo gallego sobre riesgo habitacional en Galicia es considerablemente más crítico con la gestión institucional. Coincidiendo con la publicación del estudio de investigación sobre la provisión y gestión de inmuebles por parte del Tercer Sector de Acción Social en Galicia, el director de EAPN-Galicia, Xosé Cuns, ha fijado la postura de la red de entidades que lucha contra la exclusión. El análisis de EAPN-Galicia señala que existe un debate competencial soterrado entre departamentos, el cual frena la eficacia protectora del autogobierno. Desde las ONG gallegas exigen con firmeza que la responsabilidad directa de atajar la emergencia y coordinar las soluciones habitacionales recaiga sin fisuras sobre la Consellería de Vivenda y no sobre la de Política Social. «La competencia y la obligación de proveer techos es de la Consellería de Vivenda; no se puede despachar la pobreza residencial como un mero trámite asistencial de servicios sociales», argumenta Cuns.

El informe presentado por EAPN-Galicia desvela que las entidades sociales están asumiendo una carga de trabajo desproporcionada ante las carencias del parque público autonómico de vivienda. Galicia sufre un déficit estructural histórico: el parque de vivienda social apenas representa un exiguo 0,4 % del total edificado, una cifra notablemente inferior a la media de España, que se sitúa en el 1,7 %. Aunque colectivos como EAPN aplauden el compromiso verbal adquirido por el Gobierno gallego de duplicar el parque residencial público hasta alcanzar las 8.000 viviendas sociales hacia 2028, denuncian reiterados incumplimientos previos. Entre ellos destaca la promesa insatisfecha de constituir de forma permanente una «Agenda Social» dotada con un mínimo de 100 viviendas destinadas de forma inmediata a emergencias residenciales extremas, una medida que sigue sin materializarse de forma efectiva más allá de experiencias testimoniales.

Ante este vacío en las políticas públicas, el tercer sector gallego se ha visto forzado a «arremangarse» e intervenir de manera directa empleando fórmulas sumamente imaginativas y con recursos muy limitados. Los datos estadísticos recabados por la red demuestran que prácticamente la mitad de las actuaciones de inclusión socioresidencial llevadas a cabo por las ONG en los últimos años se ejecutaron por completo sin ningún tipo de financiación pública, sosteniéndose exclusivamente sobre fondos propios de las entidades o mediante el sobreesfuerzo laboral y personal de sus equipos profesionales. Las organizaciones de acción social gallegas actúan gestionando bolsas de alquiler asequible, mediando de forma directa con propietarios de viviendas vacías a los que ofrecen garantías de seguridad jurídica y acompañando a las familias vulnerables en sus itinerarios de inserción comunitaria.

Un futuro con más incertidumbres que certezas

El panorama habitacional de Galicia se adentra en un terreno sumamente pantanoso debido al choque frontal entre realidades estadísticas y decisiones normativas. La coyuntura sociopolítica actual viene marcada de forma indeleble por el rechazo en el Congreso de los Diputados a prorrogar de manera definitiva la moratoria que paralizaba temporalmente los desahucios de las familias económicamente vulnerables. El fin de este blindaje legal altera por completo las reglas del juego y amenaza con disparar la conflictividad social en los barrios. Las propias asociaciones integradas en el Grupo de Vivienda de EAPN confirman que sus equipos de primera línea ya están percibiendo un recrudecimiento del problema a pie de calle, con un flujo creciente de familias que carecen de recursos económicos mínimos para asumir el encarecimiento desbocado de las rentas en el mercado libre de alquiler.

En el plano político, el desafío se bifurca en dos frentes. Por un lado, la oposición parlamentaria seguirá incidiendo en la fiscalización de las cuentas públicas; se pretende así evitar que la Xunta de Galicia diluya el presupuesto destinado a los colectivos en riesgo de exclusión severa. Desde el tejido asociativo se vigila con extrema cautela que los nuevos planes autonómicos orientados a subsidiar el acceso a la vivienda de las clases medias no terminen mermando las partidas económicas y los recursos destinados a la población en niveles de pobreza extrema. El equilibrio social de Galicia en los próximos años dependerá de que las intenciones institucionales se transformen en realidades presupuestarias y de que el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna deje de ser un laberinto estadístico inescrutable.