Protestas ante la Xunta por la modificiación que recorta derechos a miles de trabajadores temporales

El Decreto 40/2026, lejos de pasar inadvertido, ha supuesto un auténtico terremoto entre el personal de la Xunta de Galicia. En el Gobierno gallego no creían que la modificación del antiguo Decreto 37/2006 iba a suscitar tanta polémica, pero cuando los trabajadores, especialmente aquellos que se encuentran en las listas de contratación temporal, vieron que con la nueva norma su situación iba a ser más y más precaria, estalló la indignación de un colectivo que ya sufría la dictadura de la Xunta en cuanto a penalizaciones, control esxcesivo y la disponibilidad permanente bajo pena de sanción. 

PROTESTAS

En este escenario, la CIG-Administración Autonómica convocó al personal a manifestarse en la jornada del martes ante los edificios de la Xunta de Galicia en las siete ciudades, aunque también se celebraron protestas de manera simultánea en otros puntos de la comunidad, reclamando la derogación del decreto que modifica el procedimiento de llamamiento de las listas de sustituciones. A las movilizaciones acudieron cientos de personas, con una nutrida respresentación en cada una de las concentraciones de las ciudades, donde dejaron patente su desacuerdo. 

Desde la central sindical advierten que este cambio afecta a todas las personas que se encuentran en las listas, pero su eco llega hasta el resto de personal, que por la falta de coberturas sufrirá la denegación de sus permisos y vacaciones.

Entre los colectivos más castigados está el personal sociosanitario, asistencial, de atención directa y de servicios públicos esenciales dependientes de la Xunta de Galicia. Estos serán los que sufran, sobre todo, "la falta de planificación de la Xunta" que se traducirá "en más presión, menos garantías y peores condiciones para las trabajadoras y trabajadores".

"La eliminación de la mejora de empleo, los llamamientos urgentes con plazos mínimos, la suspensión automática en las listas o la imposición exclusiva de los medios electrónicos, son medidas inaceptables", censuran desde la CIG, donde resuelven en su comunicado que el cambio es "un grave retroceso en los derechos laborales, en la conciliación de la vida personal y profesional y en las expectativas de progreso del personal temporal de la administración pública gallega".

MODIFICACIONES

Tal vez el cambio más significativo radique en que, con el nuevo decreto, las personas que formen parte de las listas de contratación, una vez acepten un llamamiento, quedarán excluidas del resto de listas. La consecuencia es que estos trabajadores no podrán acceder a mejoras laborales y profesionales, como la obtención de puestos que se encuentren vacantes. 

"Junto a esto, rechaza la eliminación real de la mejora de empleo, cerrando la puerta a puestos de mayor estabilidad o categoría, así como los llamamientos urgentes mediante SMS con plazos inferiores a las 24 horas, incompatibles con una respuesta justa y razonable", añade la CIG en su nota. 

Otro de los grupos más castigados es el personal del SPIF (Servicio de Prevención de Incendios Forestales). En su situación y necesidad se escuda la Xunta, pues achaca el cambipo al régimen extraordinario que se impone a este servicio entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, periodo en el que la comunidad se encuentra en la temporada de incendios forestales. 

A renglón seguido, cuestiones como la imposición de la tramitación exclusivamente electrónica sin garantizar medios, alternativas ni asistencia suficiente para todas las personas o la aplicación retroactiva de medidas que afectan negativamente al personal ya incorporado a las listas, son otros asuntos que, por la "falta de planificación y organización de la administración", empeorará las condiciones de miles de trabajadores, que verán recortados sus derechos.