La dimisión de Pichel y el caso de la nave alquilada llegan este jueves al pleno ordinario de Santiago de Compostela

La dimisión del edil compostelano José Manuel Pichel por el caso del alquiler de una nave industrial en Costa Vella vinculada con él y que está destinada al servicio de Parques y Jardines, llegará este jueves al pleno ordinario de Santiago de Compostela.

Así, este primer pleno desde que la pasada semana saltase la polémica abordará la propia toma en conocimiento de la renuncia de Pichel al cargo de concejal, una decisión que anunció, y presentó, el pasado miércoles, un día después de que Compostela Aberta hiciese público que el ayuntamiento mantiene alquilada una nave a la empresa Desproi, participada a su vez por otra vinculada con el propio edil.

En esta misma sesión, según consta en la orden del día, se dará cuenta de la resolución de la alcaldía para la delegación de funciones una vez tomada en consideración la renuncia de José Manuel Pichel a su puesto.

Además, figura en la orden del día la solicitud del Partido Popular para la comparecencia del "concejal responsable del contrato de alquiler" de este inmueble, aunque los populares han asegurado que, desde el gobierno local se ha trasladado que la comparecencia será aplazada a febrero.

En las interpelaciones, habrá una del BNG sobre "la crisis del gobierno local" de Santiago, afectado por dos dimisiones de concejales en dos meses, y otra de Compostela Aberta sobre la contratación del local en el punto de mira.

LA OPOSICIÓN PIDE MÁS EXPLICACIONES
El caso saltó al inicio de la semana pasada, cuando el grupo municipal de Compostela Aberta denunció que el ayuntamiento había alquilado para el servicio de Parques y Jardines una nave industrial situada en Costa Vella y propiedad de la empresa Desproi, vinculada al edil José Manuel Pichel, que participó en la xunta de goberno que dio luz verde a este alquiler.

Entre otras cuestiones, el grupo denunció que la adjudicación del alquiler, hecha de forma directa, se había aprobado por necesidades urgentes para un periodo de cuatro meses, mientras que ya llevaba 16 activa.

El edil José Manuel Pichel, aunque defendió la legalidad de esta decisión, anunció dos días después su renuncia al cargo reconociendo haber cometido un "error" al "no informar al alcalde ni a la xunta de goberno" de sus vínculos con la empresa propietaria de este bajo.

Sin embargo, los grupos de la oposición no consideran el caso cerrado con la renuncia del concejal y piden que se aclare en mayor medida por qué se optó por una adjudicación directa, por qué se eligió este local o el motivo por el que no se ha limitado a los cuatro meses iniciales, entre otras cuestiones.

Por su parte, el PP local ha remitido la documentación a la Fiscalía Anticorrupción, ya que considera que este caso va más allá del alquiler y supone una "trama organizada" para "desviar fondos" a empresas "amigas" del gobierno local.

Desproi S.L, la empresa responsable de la nave, es propiedad al 63,69 por ciento de otra firma, Ribaterra S.L., que pertenece a UGT-Galicia, mientras que el resto de las participaciones son de Surco Agrario S.L., que se hizo con las acciones a finales de septiembre del 2021.

José Manuel Pichel admitió al anunciar su dimisión que fue administrador único de Desproi hasta 2016 y, a partir de esa fecha, se mantuvo en el accionariado a través de otra empresa de la que fue administrador único hasta su entrada en el ayuntamiento, Servicios Técnicos Gaia, participaciones que no vendió hasta septiembre de 2021 --cuando ya se había aprobado en junta de gobierno el alquiler de la nave para instalar al personal del departamento de Parques y Jardines--.

Los trabajadores del departamento afectado estaban ubicadas en oficinas en la antigua estación de autobús, que iba a ser demolida, y el Ayuntamiento tenía orden de desalojo desde hacía ocho meses, pero no se alquiló esta nave hasta que ya era efectivo el desahucio.