La Ley obliga a las administraciones locales a enviar al Consello de Contas la documentación sobre los pagos efectuados con reparos de su interventor. De esta manera Contas puede fiscalizar si, por ejemplo, un alcalde o un presidente de Diputación pagaron algún servicio en contra del criterio de su Intervención saltándose la normativa, pudiendo llegar incluso a identificarse consecuencias penales.



La Diputación de Ourense incumplió el año pasado la obligación de remitir los datos a tiempo. Así figura en un informe del Consello de Contas que pretendía fiscalizar sus cuentas de los años 2014 y 2015.


Vencidos los plazos legales, los contables autonómicos avisaron al organismo que dirige José Manuel Baltar el 19 de julio. Finalmente, la Diputación de Ourense envió los datos, pero fuera de plazo, ya entrado el mes de agosto, el día 20.


La consecuencia práctica de este atraso es que, mientras los informes de fiscalización de las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra en 2014 y 2015 son extensos, entran en detalle en múltiples aspectos y concluyen recomendacións prácticas concretas; el informe de fiscalización de la Diputación de Ourense es de mínimos. No se fiscaliza nin un expediente, nin un contrato, ni una subvención.


Ante la falta de expedientes que revisar, los contables públicos se tienen que limitar a advertir que “el Consello de Contas pone en conocimiento del Parlamento de Galicia la falta de colaboración en el plazo establecido”.

Contas no tiene autoridad para imponer sanciones. El Parlamento de Galicia, con mayoría absoluta del PPdeG, no las impuso dada la importancia del granero electoral ourensano para los conservadores.


No hubo consecuencias para el organismo que dirige José Manuel Baltar pese a que el Consello de Contas especifica en sus conclusiones que “en la Diputación de Ourense se puede haber incurrido en supuesto de infracciones graves o muy graves por el incumplimiento relativo a la remisión de la información”.


Galiciapress se puso en contacto con el organo provincial para dar a conocer su versión, sin que la Deputaición de Ourense respondiese hasta el momento. 

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