La plataforma vecinal Mina Touro O Pino Non ha registrado una petición para que Bruselas investigue los vertidos de la antigua explotación y el nuevo proyecto. Al respecto, la eurodiputada Lídia Senra ha garantizado que hará seguimiento del proceso de tramitación.

En rueda de prensa, Senra ha comparecido este lunes acompañada por Ana Parga y Maribel Cabana, miembros de la plataforma, quienes han denunciado que siguen "a la espera" de acceder a los informes y el expediente completo del nuevo proyecto, que pretende lanzar la empresa Atalaya Mining.


MESES ANTES DE QUE LA UE SE PRONUNCIE
Por su parte, la europarlamentaria ha subrayado que si la Xunta "hace con rigor" la declaración de impacto ambiental "este proyecto no puede ir adelante".

La petición, dirigida a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, se presenta porque "tanto lo que fue la vieja mínima como la futura pueden vulnerar varias directivas europeas", según ha advertido Senra.

En este sentido, ha apuntado a la de residuos de la industria extractiva y, en consecuencia, a otras como la de protección de aguas, conservación de hábitat, biodiversidad y sobre la propia salud de las personas, por la eventual afectación al riego de fincas de cultivos y a la ría de Arousa.

Lídia Senra ha explicado que el plazo habitual de la comisión de peticiones es de tres o cuatro meses para decidir si admite a trámite el asunto. En ese momento, suele reclamar información a la Comisión Europea, que tiene otros seis meses para responder.

"A partir de ahí, en el momento en que la Comisión Europea remite la información, (la comisión) fija el calendario para que (la petición) sea debatida", ha expuesto la eurodiputada.

VIDEOS Y FOTOS
El registro de la petición por "vulneración de directivas europea por la falta de restauración de la antigua mina de cobre de Touro y nuevo proyecto" se produjo el pasado viernes 27 por Isabel García, en nombre de la plataforma vecinal Mina Touro O Pino Non.

La plataforma hizo llegar a la Eurocámara varios videos y fotografías que, según asegura, "constatan que no se realizaron las actividades de restauración debidas para prevenir o reducir en la medida de lo posible efectos adversos sobre el medio ambiente, en particular sobre las aguas, el suelo, la fauna, la flora, la salud, el paisaje y los riesgos para las personas derivados de la gestión de la actividad y de los residuos mineros".

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