Así despide Zara a las mujeres que piden un contrato fijo, denuncia UGT

Un grupo de trabajadores lleva años con contratos temporales en Zara, superando el período legal. El sindicato UGT se entera y denuncia a la Inspección de Trabajo. La Administración da la razón a los empleados e insta a Inditex a pasar 38 contratos de eventuales a indefinidos. El grupo de Amancio Ortega, que hoy ingresa 638 millones en dividendos, reacciona finalizando los contratos a los trabajadores. Al ser denunciada, ya antes de llegar a juicio Inditex reconoce despido improcedente -pagando la indemnización correspondiente a un contrato indefinido- para librarse de los trabajadores que dieron un paso al frente. Esta es la versión de un conflicto laboral que acaba de estallar en las tiendas de Zara de A Coruña, según UGT.

CONCENTRACIONES DE PROTESTA

Ante esta "actuación rastrera" la central convoca concentraciones de protesta el jueves en A Coruña y el viernes en Santiago. Así, el próximo día 3 de Mayo habrá protestas en la plaza Marineda City (A Coruña), a las 12 horas y el 11 de Mayo en Plaza de Galicia (Santiago de Compostela), delante de la tienda a las 12 horas. El objetivo será reclamar la readmisión de las trabajadoras despedidas.

Galiciapress se puso en contacto con Inditex para dar a conocer la versión de los hechos de la multinacional. Por ahora, la empresa no ha remitido ninguna respuesta al duro comunicado de UGT.

TRABAJADORAS VÁLIDAS PERO EN LA CALLE

De acuerdo al sindicato, Inditex mantiene "contratos fraudulentos" para "tener trabajadoras/es sin calendarios laborales estables y distintos a los de la plantilla indefinida, sin vacaciones, menor salario puesto que no acumulan antigüedad (plus de permanencia, 263,4€/año cada cuatrienio) y sin exigir sus derechos por miedo a no ser renovado". 

Así, una vez desemascarados los contratos fraudulentos ante la Inspección de Trabajo y llegados al SMAC previo al juicio,  La empresa reconoce que "son personas válidas, pero prefiere despedirlas y seguir con contratos precarios". El 99% de las perjudicadas son mujeres, dice UGT, que cuestiona de paso el código de conducta y la política de género de la compañía.