El proyecto continúa y las dos sociedades se desean "los mejores éxitos en sus respectivas actividades de cara al futuro"
Francisco Cardama S.A. y Magallanes Renovables S.L. han llegado a un acuerdo por el que han puesto "punto y final a las diferencias que les han alejado en estos últimos tiempos", con lo que Astilleros Cardama se desvincula "completamente" del 'Proyecto Magallanes', consistente en la construcción de una plataforma flotante para generar energía a partir de las corrientes marinas.
Así lo han comunicado este miércoles fuentes del astillero vigués, que han manifestado que les "es grato" trasladar esta noticia y han señalado que, después de la finalización de sus relaciones, ambas sociedades "no pueden sino desearse los mejores éxitos en sus respectivas actividades de cara al futuro".
Hace justamente un año, un juzgado de Vigo condenó a Cardama a pagar 1.500 euros a Magallanes Renovables en relación con este proyecto y declaró que el acuerdo entre ambas seguía vigente, pese a las diferencias que surgieron entre ambos socios por decisiones técnicas y por la demora en la justificación de trabajos subvencionables.
Tras la ruptura comunicada este miércoles, el proyecto de I+D+i continúa con su desarrollo "según el programa establecido", aunque ya sin la participación de Cardama.
Esta iniciativa fue impulsada por tres empresas con sede en Redondela y Vigo: Magallanes Renovables, encargada del desarrollo tecnológico; Francisco Cardama, en la parte de la construcción Naval; y CNV Naval Architects, S.L., a cargo de la ingeniería naval y que sigue vinculada al proyecto.
INICIATIVAS PARA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA
En el mismo comunicado, el astillero ha trasladado también que tanto Francisco Cardama S.A. como Magallanes Renovables S.L. "reafirman su total convencimiento en que este tipo de iniciativas, en las que varias empresas colaboran en el desarrollo de un atractivo e innovador proyecto de I+D+i, son la base para lograr un futuro sólido para la industria".
"Y ello máxime cuando dicho proyecto se enmarca, como en el caso que nos concierne, en el seno de un área de importancia estratégica para el desarrollo de la economía española y europea", ha agregado, incidiendo en la satisfacción que sienten porque el proyecto surgió de la colaboración de tres empresas locales y porque recibió apoyo de diferentes organismos.
SENTENCIA
En abril de 2013, Magalles y Cardama, junto con CNV Naval Architects, suscribieron un acuerdo de colaboración para llevar adelante este proyecto. Dicha iniciativa logró una subvención del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de casi 2 millones de euros, que se iban entregando a medida que se justificaban los trabajos realizados.
De acuerdo con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vigo, aunque en el año 2013 no se produjo ninguna incidencia, en 2014 se registró una diferencia entre los gastos presupuestados por Cardama y los justificados, de manera que el CDTI pagó, como anticipo de la subvención, 120.866 euros de más, que Magallanes tuvo que devolver.
La firma atribuyó a Cardama esos problemas y la demandó, por no haber acometido los trabajos subvencionables en plazo, y por haber construido, "por iniciativa propia", una cama de montaje y botadura de la plataforma sin haber informado previamente. A su vez, Cardama justificó que no pudo acometer a tiempo los trabajos subvencionables por la falta de decisión y experiencia de la primera, y reclamó una indemnización de 125.531 euros por daños y prejuicios.
Una vez terminado el plazo para justificar los gastos subvencionables ante el CDTI, Magallanes "dio por concluido" el acuerdo que tenía con Cardama y con CNV Naval Architects, "de manera unilateral", aunque "el proyecto no llegó a concluirse" (de hecho, Magallanes se alió con otro socio, la empresa metalúrgica Ganain, que construyó finalmente otro artefacto).
En la resolución, la jueza estimó que, dado que los gastos en los que incurrió Cardama para construir la cama de botadura estaban justificados como propios del proyecto, el astillero no tenía que abonárselos a Magallanes, a excepción de dos facturas que no tenían que ver con el hidrogenerador. Así, al calcular la diferencia, quedaba un crédito a favor de Magallanes de 1.518 euros.
Con todo ello, la magistrada condenó a Cardama a reintegrar esos 1.518 euros a Magallanes Renovables, y declaró que el acuerdo de abril de 2013 por el que se formalizó el consorcio tenía "plena vigencia". Por ello, condenó a la demandante a "estar y pasar por dicha declaración, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas" de ese acuerdo.