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Sí ya teníamos evidencias de lo mal que le sentó las élites españolas (económicas, políticas y mediatices) de que Pedro Sánchez y el PSOE, con el apoyo de fuerzas progresistas españolas y gallegas (UNIDOS PODEMOS/ COMUNS/EN MAREA/ COMPROMIS, PNV, PDdeCat, ERC, BILDU…) habían ganado la moción de censura y habían abierto un nuevo tiempo político. Ahora que Pedro Sánchez parece apostar por buscar apoyos en su izquierda, en las fuerzas que lo auparon a la jefatura de gobierno, las evidencias se convirtieron en actuaciones políticas, judiciales y policiales cada cual más truculenta.


La derecha española (PP, Cs) en su ofensiva no tiene reparos en utilizar los servicios tanto de las cloacas del estado, que tan bien conoce, como de magistrados y medios de comunicación y opinión (La RAZON, ABC, MUNDO….) afines y conocidos tanto por su simpatía por el franquismo y por la monarquía corrupta cómo por su dependencia financiera del IBEX 35. Una ofensiva antidemocrática y fascistoide pero de la que el PSOE no debió perder de vista, que tiene como objetivo central impedir que llegue a acuerdos con su izquierda tales que pongan en peligro su ancestral y oligárquico dominio: no por casualidad España es uno de los estados europeos con mayor nivel de desigualdad económica y social y con mayores déficits democráticos. En este histórico marco cualquier acción política que tenga como horizonte ya no finalizar sino reducir, aunque sea mínimamente, las enormes desigualdades económicas, sociales y territoriales que caracterizan a España y que se encuentran con la furibunda reacción de las fuerzas conservadoras y con sus poderes fácticos. No digamos sí junto a ese objetivo igualitario se acompaña la intención política de reconducir democráticamente el estado de las autonomías y, por tanto, finalizar por caso con el llamado “problema catalán”. La “España, una grande y libre” se reolvería con toda su virulencia.


En la actual coyuntura llama poderosamente la atención el comportamiento y las actitudes de la jefatura del estado pues muestran claramente un gran déficit democrático. A pesares del tiempo transcurrido aún resuenan los ecos del agresivo discurso del monarca (octubre del 2017) sobre la situación en Catalunya en el que avalaba lo violenta carga policial del 1-O. Una agresividad y una pasión que utiliza para, por caso, denunciar los ataques que las clases populares vienen sufriendo por mor de las políticas austericidas. Tampoco para denunciar con claridad a corrupción sistémica con que el Partido Popular (PP) inundó España. Quizás porque tendría entonces que explicar cómo no sabía nada tanto de los negocios y prácticas corruptas de su padre, el rey emérito, como de la de su hermana y su cuñado. A pesar del poco tiempo que lleva de monarca (cuatro años) Felipe VI ya dejó muy claro que sigue fiel a la tradición borbónica, lo que no es una buena noticia para una democracia tan deficitaria como la española. Mala cosa que un jefe de estado (Felipe VI) no apoye a un jefe de gobierno (Pedro Sánchez) y que se niegue a ser el rey del todas las Españas (Catalunya). Peor cosa cuando se lleva una corona heredera de una dictadura y lastrada por la corrupción.


Sí la más alta instancia del estado no se caracteriza por su talante genuinamente democrático, otras instancias no menos relevantes como la justicia cuentan con un número nada despreciable de miembros de un fuerte talante conservador que, por tanto, se muestran claramente beligerantes con el nuevo gobierno salido de la moción de censura. Una reciente prueba la tuvimos en el llamado manifiesto de los 750 jueces (10 de julio) mediante lo cual estos magistrados presentaban su queja delante del Consejo Consultivo de Jueces Europeos por una supuesta “gravísima amenaza contra la independencia judicial” a causa de uno tal “linchamiento público con la complicidad y el aliento de políticos” contra el tribunal que había dictado la sentencia en el caso de la llamada Manada. Un manifiesto que supone que mientras este colectivo de magistrados avala una vergonzosa sentencia judicial que prácticamente condenaba la víctima y exoneraba a los verdugos, lo que no deja de ser un comportamiento judicial muy preocupante desde un punto de vista democrático (el caso provocó escándalo en toda Europa), pide y exige la máxima dureza con los políticos independentistas catalanes a los que llega a acusar de delito de rebelión. Un comportamiento claramente franquista ya que sitúa cómo más delictiva la conducta política de unos gobernantes que los abusos sexuales de unos violadores reincidentes. Un comportamiento que, dado el elevado número de magistrados que firmaron el manifiesto, ponen en evidencia que la justicia española aun no se corresponde con la de un estado democrático. Algo que los tribunales europeos vienen confirmando un día sí y otro también con sus fallos contrarios las resoluciones de jueces españoles, por caso, contra los políticos independentistas catalanes.


En este corto repaso por las distintas ofensivas que intentan impedir que se fuerce una mayoría progresista a nivel español no podemos obviar los chantajes con que las cloacas del estado, ahora por medio del excomisario Villarejo –un príncipe de las tinieblas imputado y condenado por corrupción, blanqueo de capitales y organización criminal- intentan someter al gobierno de Sánchez, para lo cual cuentan con el apoyo mediático de la prensa más conservadora y reaccionaria (ABC, LA RAZON, EL MUNDO..) y mucho me temo que con el de algunas viejas guardias del PSOE. Estas cloacas, las mismas que en su día utilizaron el PSOE y el PP cuando gobernaron, aprovechando su capacidad de resonancia mediatice por sus fuertes vínculos con medios como los anteriormente citados, no cesan de suministrar informaciones comprometedoras y altamente desestabilizadoras tanto sobre los partidos políticos como sobre importantes instancias del estado. Ahí están por caso las grandes movidas tendentes a tapar los escándalos de corrupción del PP, la cacería permanente y inmisericorde de PODEMOS, las insidias contra destacados/as miembros/as del gobierno Sánchez (revelaciones de conversaciones privadas, muchas veces trucadas, de la muy brillante ministra de la Justicia la señora Delgado, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, con miembros de la cúpula policial de entonces), lo suministró de informaciones falsas sobre PODEMOS y los líderes independentistas catalanes… Informaciones cuyos abastecedores tienen como uno de sus objetivos prioritarios, sin género de dudas, impedir que el actual gobierno del PSOE tanto llegue a pactar con PODEMOS un programa de gobierno como a firmar a un acuerdo con los independentistas catalanes.


Pedro Sánchez está empezando a pagar la factura que sus predecesores socialdemócratas en el cargo ( F. González, J. L. Zapatero) le habían dejado al mantener los aparatos del estado colara como los encontraron. No obstante, si quiere avanzar en una senda progresista, deberá limpiar esos aparatos, para lo cual seguramente contará con el apoyo de los que lo llevaron la presidencia de gobierno.

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