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La patronal gallega rechaza una alza "por decreto" y cree que repercutirá en el empleo, lo que descartan los sindicatos

Unas 100.000 personas --según estimaciones de la Delegación del Gobierno-- podrían beneficiarse en Galicia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de materializarse el acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidos Podemos de cara a los Presupuestos de 2019.

Se trata de una medida que es acogida de forma muy diferente entre la patronal gallega, que rechaza una subida por "decreto", y los sindicatos que lo ven "un avance". En Galicia, según la Delegación del Gobierno, el acuerdo afectaría a unas 100.000 personas, de ellas 55.000 con jornada completa, mientras que el resto percibirían un aumento "proporcional a su tipo de contrato", han explicado a Europa Press desde este organismo.

Especialmente beneficiados, serían los trabajadores de sectores como la hostelería o el comercio, apuntan desde las centrales sindicales. "La devaluación con la reforma laboral fue tremenda", asegura el secretario general de UGT en Galicia, José Antonio Gómez. Por ello, aplaude la medida que, de acuerdo con las estimaciones de esta central, beneficiaría a "66.530 personas" en esta comunidad autónoma.

"Va en la línea de recuperar salarios", indica José Antonio Gómez, al tiempo que recuerda que este fue uno de los objetivos que los sindicatos se fijaron en el acuerdo con la patronal para alcanzar un salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales en 14 pagas en 2020.

Por otra parte, descarta que pueda generar más desempleo, una afirmación que califica de "ridiculez". "Habría que preguntarse si alguien puede vivir por debajo de los 900 euros", asegura incidiendo en que la medida afectará sobre todo a mujeres y jóvenes.

En similares términos, se expresa Roi Fernández, responsable de negociación colectiva de CC.OO. de Galicia, que afirma que el acuerdo es "positivo" y supone "un pequeño avance para subir los salarios más bajos".

Mientras, califica de "incomprensible" que haya voces desde la patronal que cuestionan la medida tras el acuerdo suscrito con los sindicatos para la subida progresiva de salarios en los próximos tres años. "Es una medida que va a permitir recuperar poder adquisitivo", insiste este dirigente sindical para quien el acuerdo favorecerá también el consumo interno.

INSUFICIENTE, PARA LA CIG
Por su parte, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, califica de "insuficiente" la propuesta ante "la necesidad urgente de recuperar derechos y dejar sin efecto todas las políticas de recorte social y laboral".

Así, critica que no se hable de derogar reformas laborales con las que vincula estos recortes. Especialmente, incide en la necesidad de recuperar la pérdida de poder adquisitivo en colectivos como las mujeres, "que ingresan el 78% de lo que ingresa un hombre", añade.

En cuanto a los empresarios, sostiene que ahora "ganan más que hace diez años", rechazando que suponga un quebranto para las empresas esta subida y situando este tipo de afirmaciones en un intento de "alarmar". "Sin capacidad de consumo, la economía no crece", señala esgrimiendo, para contrarrestar esas declaraciones, los argumentos de la propia economía de mercado.

"EFECTOS NEGATIVOS" PARA LA PATRONAL
Por el contrario, la patronal gallega rechaza subir el SMI "por decreto". "Claramente tendrá efectos negativos en la contratación pública pactada con las empresas, en los convenios colectivos en vigor y en la negociación colectiva en general", afirman.

También argumentan que "repercutirá negativamente en la competitividad de las empresas y en la creación de empleo". "Afectará sobre todo a aquellos sectores con más bajos salarios y de baja productividad, es decir, las actividades de servicios y las actividades administrativas y de servicios auxiliares; a las empresas de nueva creación y a las pymes y micropymes".

"Con este acuerdo, han dado al traste con la planificación de los costes de producción de los empresarios que ya han analizado sus tablas salariales para el próximo ejercicio, y esto genera mucha preocupación". "Al ser un incremento tan importante (un 22,3%) y brusco --entraría en vigor el 1 de enero del próximo año--repercutiría en el aumento del paro", esgrimen también como argumentos.

"La mayor pobreza de un país está en el paro de su gente, y si esta medida va provocar la disminución de trabajadores en activo no parece una solución razonable. Lo que tienen que conseguir las empresas es ganar en productividad para que España siga en crecimiento y redunde en beneficio de todos", apostillan en respuesta a los que creen que es una vía para afrontar la situación de los "trabajadores pobres".

AUTÓNOMOS
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia (ATA), su presidente, Rafael Granados, se muestra también crítico. "Afectará a la cuota mínima que pagan los autónomos --algo que han descartado desde el Gobierno-- y también a los autónomos con trabajadores a su cargo por el incremento de costes". En el caso de Galicia, recuerda que hay 212.160 autónomos, con un total de 30.345 con trabajadores a su cargo.

En base a esta afirmación, no descarta la destrucción de empleo. "Y el más afectado será el comercio", subraya sobre un sector con 637 comercios cerrados en lo que va de año en Galicia, según datos de esta asociación. "Si lo que queremos es un salario digno, hay que comprar producto de aquí a mano de obra de aquí", apunta al ser preguntado por la posible solución.

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