La toma en consideración de la ILP presentada por Justicia Salarial Policial no cambia para nada el escenario que teníamos antes de su admisión. Esta iniciativa, en la que hemos colaborado todos los policías nacionales y guardias civiles, además de reportar publicidad y una importante suma de dinero a sus promotores, lo único que ha conseguido, tras el debate en el Congreso celebrado ayer, es poner en valor el acuerdo firmado por sindicatos y asociaciones el pasado 12 de marzo de 2018. Sí, aquel documento que unos cuantos tacharon de traición y en el que hoy se sustenta el principal argumento -desarrollo de uno de sus puntos-, para defender el inicio del trámite parlamentario.


A partir de ahora, comienza el desarrollo de la cláusula 8 del acuerdo de equiparación salarial suscrito por sindicatos y asociaciones con Zoido. Un acuerdo que ha llevado más de 160 euros mensuales a los bolsillos de los compañeros y que en 2019 y 2020 debería incrementar las nóminas, en cerca de otros 300 euros brutos. En total, contando con la subida de la Función Pública, llegaremos, en poco más de un año, a los 500 euros de media anunciados hace ya varios meses. Además, la Consultora externa ya se encuentra realizando los trabajos a buen ritmo y su dictamen determinará la cantidad exacta para la efectiva equiparación.

El acuerdo suscrito en marzo, es mucho más completo que la propia ILP ya que, sin entrar en los defectos legales que han quedado patentes en las intervenciones del Congreso, es un documento ambiguo que no concreta aspectos clave que afectan a la equiparación como productividades, Catálogo de Puestos de Trabajo, Niveles de Complemento de Destino, Acción Social o Reclasificación al Grupo B para la Escala Básica. De salir adelante en los términos en los que está redactada, la disposición derogatoria de la ILP, pondría en peligro el actual acuerdo y la disposición adicional segunda provocaría que un compañero perciba una turnicidad, dieta o compensación por juicio distinta en función del territorio.

En cualquier caso, no se trata de una competencia entre ambos textos. Acuerdo e ILP pueden y se deberían complementar pero el afán de protagonismo de Justicia Salarial, rompe con todo lo que no tenga su denominación de origen.

Una vez más, trabajaremos para evitar que la ILP nos aboque a una pérdida de derechos socio-laborales, tales como Segunda Actividad, Clases Pasivas o Acción Social que tanto esfuerzo, sudor y lágrimas no ha costado alcanzar.

¡Iniciativa SÍ, mentiras NO!

POWERED BY BIGPRESS