El Gobierno gallego tuvo que recurrir a un crédito del programa de imprevistos para el abono que ascendió en total a un millón de euros


Feijóo y Currás pagaron un millón de euros por un informe de KPGM que enarbolaron como garantía de la viabilidad de la fusión de Caixanova y Caixagalicia. La entidad resultante tuvo que ser rescatada al poco con 9.000 millones de euros públicos. 


Feijóo y los mandatarios de las antiguas 'caixas' celebran la fusión



Así, el Gobierno gallego dijo en su día que la "auditoría externa encargada por la Xunta de Galicia a KPMG avala la solvencia de la fusión de las cajas gallegas".   La propia KPGM desmontó, tras el fiasco de la fusión, esta afirmación, alegando que no era tal auditoría.


Las desaparecidas cajas de ahorros gallegas habían acordado "inicialmente" con la Xunta que costearían el estudio que KMPG hizo sobre la fusión, pero las "discrepancias" surgidas durante el proceso llevaron a que el Gobierno autonómico se hiciese cargo del pago, el cual ascendió a un montante de un millón de euros.


Así se recoge en la 'Memoria de la necesidad de contratación externa para la elaboración de sendas due diligences en las cajas de ahorros gallegas', a la que ha tenido acceso Europa Press, que realizó la Consellería de Facenda con fecha de 29 de diciembre de 2009 a modo de carta de encargo sobre el estudio a realizar por KPMG.

LA XUNTA MANTIENE EL SECRETO
El diputado de En Marea Antón Sánchez presentó recientemente una demanda por "vulneración" de sus derechos parlamentarios ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación con la negativa de la Xunta a aportar determinada documentación sobre la fusión.

En una contestación con fecha de 23 de noviembre de 2018 al requerimiento del TSXG, la Xunta da por satisfecha la remisión de información. Sin embargo, el diputado afirma que no se envió toda la documentación prevista y seguirá adelante con la actuación judicial.

NACIONALIZADA PRIMERO, PRIVATIZADA DESPUÉS
Entre esta documentación que el Gobierno gallego ha enviado se encuentra la memoria de la contratación del trabajo de KPMG, en la que se asegura que esas "discrepancias" hicieron "aconsejable que el planteamiento formal se realizase como una inspección de la Xunta" a cargo de fondos autonómicos.

Las antiguas cajas de ahorro gallegas (Caixa Galicia y Caixanova) atravesaron un proceso que consistió en su fusión (Novacaixagalicia), bancarización (Novagalicia Banco) y posterior privatización y venta a un grupo venezolano, que desembocó en la entidad resultante Abanca.

ENCARGO A KPMG
La elección de KPMG, asegura el Gobierno gallego, se debió a que era la única gran auditora no implicada en informes anteriores con ninguna de las dos cajas de ahorros. Además, tenía experiencia en procesos similares y contaba con un sistema predictivo validado por el Banco de España. Toda vez que Ernst & Young, donde trabaja ahora la entonces conselleira de Facenda, "no tenía experiencia en este tipo de actuaciones".



Currás presentando los resultados de la auditoría


La Xunta apuntaba en la memoria de 2009 que la decisión de contratación estaba condicionada por tres cuestiones: "La urgencia, sino emergencia", para efectuarse el procedimiento debido al plazo para acogerse a ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); "la inexistencia de otras entidades" a las que encargar el trabajo; así como "el cambio de procedimiento desde el inicial de asunción de la contratación y pago por las cajas de ahorros al de realización de una inspección de la Xunta".

LA CONSULTORA ALEGA QUE NO RECOMENDÓ LA FUSIÓN

En mayo de este año, en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, Fracesc Gibert, uno de los autores del informe encargado en diciembre de 2009 por la Xunta a la auditora KPMG, manifestó que este documento no constituía una auditoría ni tampoco una recomendación sobre si era conveniente o no realizar la fusión, sino que analizaba la situación de las entidades ante ese escenario de fusión.

En la propuesta de servicios profesionales entregada por KPMG en diciembre de 2009 se dejaba claro que su trabajo iba a ser un "diagnóstico acelerado" sobre la viabilidad de la operación. Afirmaba que los análisis a realizar "serán preliminares" y no "en detalle".

También explicaba la auditora que no se encargaría, por ejemplo, de "tasaciones de activos fijos" de las entidades, sino que su trabajo se basó "fundamentalmente en información proporcionada por la dirección de las entidades".
En 2013, los dos miembros de la auditora KPMG que coordinaron el informe realizado en diciembre de 2009 a petición de la Xunta, Carlos Trevijano y Francisco Gibert, comparecieron en el Parlamento gallego, en donde ratificaron que lo que se hizo no fue una auditoría, ya que la información de las cajas se tomó de las fuentes sin proceder a una verificación.

COSTE DEL INFORME
Así, en la memoria de la Xunta de 2009 se desgranaba el coste de elaboración del informe, que fue fijado en una cantidad global que ascendió a 1.034.591 euros a abonar en dos anualidades.

El total de los honorarios fue de 837.000 euros, a los que se sumaban 54.889 euros por el concepto de 'gastos generales y otros gastos', así como 142.702 euros por IVA. El 80% se abonó en 2009 y el 20% restante en 2010.
Para la financiación del coste, la Xunta disponía de un importe de 451.978 euros de crédito en concepto de 'asesoramiento en materia financiera', pero para el importe restante de la anualidad de 2009 se recurrió a una transferencia de crédito de 375.695 euros del programa de 'imprevistos y funciones no clasificadas'.

LAS FECHAS NO COINCIDEN
Sobre la documentación que ha entregado la Xunta, En Marea denunció el pasado domingo en un comunicado que las fechas no coinciden. Así, mientras que la 'Memoria' de la Xunta es del 29 de diciembre de 2009, en la propuesta de servicios profesionales entregada por KPMG el 22 de diciembre la empresa reconoce que lleva trabajando "desde el 3 de diciembre".

Y es que el contrato con KPMG fue firmado el 22 de diciembre y la auditora ya comprometía tener listo para el 23 de diciembre un "borrador avanzado".
"Con este último documento se demuestra asimismo que no fue realmente la Xunta de Galicia quien hizo las cuestiones que debían evaluarse en la 'due diligence', sino que fue la propia KPMG, ya que la fecha de emisión de la propuesta de servicios profesionales es del 22 de diciembre", expone En Marea.

En este documento se expondrían los aspectos a estudiar que después serían reproducidos literalmente en la 'Memoria', con fecha de 29 de diciembre. "Es decir, dentro de este proceso chapucero, lo que hizo la Xunta de Galicia fue actuar y después tratar de vestir el santo", denuncia el viceportavoz de En Marea.

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