Justifica en una respuesta a En Marea esta decisión por "la importancia de las cuestiones planteadas" para el sistema ferroviario

El Gobierno central ha encargado a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que complete su investigación sobre el siniestro de tren en el barrio compostelano de Angrois, en el que fallecieron 80 personas el 24 de julio de 2013.

En una respuesta --con fecha del 10 de diciembre-- a una pregunta en el Congreso de la diputada de En Marea Alexandra Fernández, que recoge Europa Press, el Gobierno explica que el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, se ha dirigido al presidente de la CIAF para que "valore nuevamente la conveniencia de acometer alguna acción adicional o completar alguno de los aspectos relativos al informe del accidente de Santiago".

El Ejecutivo central justifica esta decisión en "el ánimo de servir eficazmente los intereses de los ciudadanos y dada la importancia de las cuestiones planteadas para el sistema ferroviario español", debido a que el siniestro de Angrois "es uno de los sucesos de mayor trascendencia acaecidos" en España "durante los últimos años", "cuyas consecuencias se tienen todavía presentes". Todo ello, "sin menoscabo de la independencia" de la CIAF.

Esta decisión del Gobierno llega después de que el pasado mes de octubre el pleno de la CIAF rechazase la reapertura del informe técnico elaborado tras al accidente porque "en estos momentos no hay nuevos datos ni información" que lo justifiquen. Con todo, tras la petición de las víctimas se comprometía a "realizar alguna acción o análisis adicional, en base a la documentación existente".

RECLAMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Las víctimas del siniestro de Angrois pidieron a los integrantes de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios que leyesen "en profundidad y con ojos críticos el informe completo" de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA en sus siglas en inglés).

Al respecto, la plataforma de víctimas del Alvia recordó que el informe de la ERA concluyó que la comisión no había cumplido "de forma adecuada con la obligación de investigación de accidentes". Además de pedir que se estudiase la reapertura de la investigación, las víctimas reclamaban tener en cuenta distintas propuestas.

Del mismo modo, en la carta dirigida por las víctimas a la CIAF, se pedía valorar "la idoneidad e independencia" de todos los miembros de la CIAF y solicitaban "que se realizase una nueva investigación completa con metodologías reconocidas internacionalmente, sin la interferencia y dependencia de la investigación anterior".

ANTECEDENTES
En junio de 2014, transcurrido casi un año del accidente que dejó 80 muertos y 144 heridos en la curva de A Grandeira, fue publicado el informe de la CIAF que concluye que las causas fueron "un exceso de velocidad del tren" y la "falta de atención" del maquinista al responder una llamada telefónica.

El documento, de 266 páginas, exime de responsabilidad a la operadora Renfe y al administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, de forma que la única responsabilidad recae, según sus conclusiones, sobre el "personal de conducción".

Sin embargo, incluye recomendaciones para Renfe, Adif y la Dirección General de Ferrocarriles que para algunos expertos suponen un reconocimiento de los errores cometidos.

Dos años después, un informe de la ERA encargado por la Comisión Europea estableció que el informe no había sido independiente y que faltaban "elementos clave".

Más adelante, a partir de la comparecencia de las víctimas en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, la Eurocámara y la propia Comisión reclamaron a España una nueva investigación, algo que reiteró la titular de Transportes, Violeta Bulc, el pasado julio ante el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Ábalos se reunió en septiembre con las víctimas y desde entonces se han producido varios movimientos que afectan a la causa por el siniestro de Angrois: la dimisión del cargo de Renfe investigado, el encuentro de Lekuona con las víctimas (que llevaban más de un año solicitando esta reunión) y la convocatoria de la CIAF para estudiar si vuelve a investigar el accidente.

En medio, el pasado 3 de octubre, quien presidía la CIAF cuando se elaboró su informe, Vicente Rallo Guinot, reveló en la comisión del Congreso que, en su día, él mismo planteó repetirla a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que le respondió que "no" porque ese asunto estaba "acabado, presentado y liquidado".

"A nosotros no nos habría parecido ninguna barbaridad", aseguró Rallo en sede parlamentaria, para poco después, tras la reacción de la afectada, se desdijo de sus palabras al asegurar que donde había dicho ministra quería decir CIAF.

El caso es que en julio de 2017 la CIAF recibió una carta de la Unión Europea en la que le invitaba a reabrir la indagación, pero este organismo optó por no hacerlo.

En la misma sesión del 3 de octubre también declaró el actual presidente de la CIAF, Fernando Montes, que fue vocal durante la presidencia de Rallo. Admitió que el actual informe "no atiende lo suficiente a las víctimas", pero defendió la "absoluta independencia" de la entidad y negó presiones o indicaciones del Ministerio de Fomento.

Además, aunque aseguró que llegó a la comisión una vez finalizado el informe y que no participó en la investigación, calificó de "serio" el documento y rechazó que sea necesario emprender una nueva investigación porque, aunque se desatendió a las víctimas, "no es motivo para hacer un informe técnico de nuevo".

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