Viaqua dice que la Justicia obliga a Teo a pagarle entre 300.000 y 2 millones
domingo, 27 de enero de 2019, 18:39
La empresa de gestión de aguas Viaqua rechaza la interpretación de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que hizo el Concello de Teo.
Edar de Calo
El conflicto nace por la polémica remunicipalización del servicio de aguas. El asunto acabó en los juzgados y ahora el TSXG desestima un recurso de la empresa presentado contra un fallo en primera instancia "por falta de claridad y motivación". La compañía a niega, como dice la Administración Local, que la Justicia le obligue a pagar más de 1,7 millones al municipio.
"Conforme a las posibles interpretaciones ambiguas, que arroja la sentencia, Viaqua descarta que pueda interpretarse la que defiende el Concello, dado que siempre serían a favor de Viaqua, y que podrían ir desde casi 300.000 euros hasta 2.000.000 euros a favor de Viaqua , por ello, se acudió al TSJ para que aclara esta ambigüedad, cuestión que ahora quedaría a expensas del procedimiento de ejecución de sentencia, para que el Juzgado que dictó sentencia en primera instancia, determine la concreta cantidad, en todo caso, favorable a Viaqua". ", explica la gestora en una nota de prensa.
Tras el reciente fallo del TSXG, la cantidad a abonar por la remunicipalización dependerá de cómo ejecute la sentencia el juzgado inicial, el de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago de Compostela.
La liquidación del contrato de mantenimiento de aguas -originario de 1989 y se había prologado en 2007 por 20 años- desató una batalla judicial, en la que las dos partes reclamaron cantidades.
Por ahora, de acuerdo al punto de vista de la compañía, la Justicia ha admitido una deuda de 1,6 millones con Viaqua en concepto de las pasadas inversiones pero también una cantidad de 993.000 euros a favor del Concello por importes de funcionamiento de la EDAR de Calo y Pontevea. Lo que no está claro es el recálculo de las liquidaciones; y los intereses de estas liquidaciones y las inversiones, que deberá aclarar la ejecución de la sentencia en los juzgados de Santiago.
El enmarañado pleito no es una batalla baladí, pues el resultado del conflicto judicial tiene lectura política en la comarca. La prórroga la aprobó un gobierno del PP y la empezó a romper un ejecutivo que lideraba el hoy alcalde de Santiago, Martiño Noriega.