El propietario de la vivienda puesta por la Xunta de Galicia a disposición del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, le reclama al Gobierno gallego, según ha adelantado el diario El País este lunes, la devolución de la propiedad y el pago del alquiler desde el año 2016.

Precisamente, la Xunta de Galicia ha señalado a través de un comunicado que cesó el abono del alquiler en 2016 tras romper el contrato con el arrendador, que había sido suscrito en 2004, "previa notificación de dicho cese a todas las partes", por lo que, desde ese momento, el Gobierno gallego "ya no es titular del contrato, ni es titular de ningún contrato de alquiler de cargos judiciales".

Así, tal y como recoge la información de El País, el caso está judicializado tras presentar el dueño del piso una demanda por impago contra la administración autonómica.

La Xunta ha solicitado que la vista, prevista para el 22 de febrero, no se celebre. Por su parte, la Fiscalía Superior ha decidido no pronunciarse al respecto.

El fiscal llegó a su cargo en 2004. Según recoge esta publicación, ya con el bipartito se notificó la intención de rescindir el contrato, aunque posteriormente la Xunta acabó poniéndose al día. En 2010, el Gobierno gallego anunció de nuevo al fiscal la rescisión del contrato y que dejaba de pagar las mensualidades de un piso de 200 metros cuadrados, aunque tras una reclamación de 2011 se reconoció su derecho al cobro de la renta.

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