La Audiencia ve probado que se adjudicaron encuestas a una concesionaria para pagar la nómina de esa trabajadora

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a cinco años y tres meses de cárcel a Francisco Javier G.O., alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, por un delito continuado prevaricación, en concurso medial con los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, por promover la adjudicación irregular de varios contratos menores a una concesionaria municipal, con la única finalidad de pagarle un salario a una cuñada de Carmela Silva, actualmente presidenta de la Diputación de Pontevedra.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal también condena a este funcionario, al que aplica la atenuante de dilaciones indebidas, a una pena de inhabilitación absoluta por nueve años. Asimismo, condena al gerente de la concesionaria Imesapi, Ramón C.A., a un año y medio de cárcel e inhabilitación absoluta por dos años y medio, y le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y de colaboración.

La Audiencia considera probado que el funcionario y el gerente de la empresa urdieron un plan "con objeto de beneficiar económicamente a V.F.B., persona vinculada familiarmente a un miembro de la Corporación Municipal de Vigo".

Para ello, el funcionario, conocedor de que existía liquidez en la concejalía de Participación Ciudadana (de la que era jefe de área), de que no se le pondrían "trabas", y tras la decisión política de encargar la realización de varias encuestas de calidad, propuso a la empresa Imesapi como adjudicataria de 9 contratos menores, por un total de 108.147,22 euros (más IVA).

Ambos acusados acordaron que la concesionaria contrataría, para la realización de esas encuestas, a V.F.B., de manera que las facturas que el Ayuntamiento pagaba a la empresa por esos trabajos, servirían para abonarle el salario a esta familiar de Carmela Silva. A ese respecto, el propio gerente reconoció en fase de instrucción y en el propio juicio, que había contratado a esa trabajadora por indicación del Ayuntamiento y no porque necesitara más personal.

"PARTICULAR INTERÉS" POR LA FAMILIAR DE SILVA
La Audiencia también señala en su resolución que esas encuestas no fueron realizadas por V.F.B., ni por trabajadores de Imesapi o del Ayuntamiento. "A pesar de ello, Imesapi cobró un total de 108.147,22 euros, que fueron sufragados por dinero de las arcas municipales", expone el tribunal.

En la sentencia se hace referencia a que la contratación de esa trabajadora fue "más que irregular y no tenía más finalidad que beneficiar exclusivamente a la elegida", que "tiene una estrecha relación familiar con una persona que tenía una importante responsabilidad política en el Ayuntamiento de Vigo".

"Llama la atención que ninguno de los acusados (...) pudiera decir por qué se recurrió a esa persona", ha indicado la Audiencia, que también ha puesto de manifiesto que, de los correos electrónicos intercambiados entre el funcionario y el gerente, se trasluce "cuando menos, un particular interés por V.", que es la única persona "a la que se nombra".

CONTRATO FICTICIO
Esta operativa era "una simple pantalla para encubrir" un situación irregular, según la resolución judicial, quien ha reiterado que "nadie" sabe quién elaboró las encuestas, y la propia V.F.B., reconoció "que no estaba capacitada para ello". "La contratación de la señora V.F.B. fue una mera simulación o ficción, organizada por el señor G.O. y con la participación del señor C.A.", ha abundado la Audiencia.

Además de la responsabilidad penal, la Audiencia ha condenado a ambos acusados a indemnizar, conjunta y solidariamente, al Ayuntamiento de Vigo en 108.147,22 euros más intereses por los contratos adjudicados.

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