La Vicepresidencia de la Xunta ha llevado a la justicia la ordenanza municipal del ruido aprobada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que afea a la administración autonómica que optase por este camino. Fuentes del Gobierno gallego la justifican, no obstante, para "no dilatar los plazos para la solución de esta situación".

Frente a esta postura, el Consistorio compostelano critica que la Xunta "actúa selectivamente, escogiendo con quien dialoga y evitando el diálogo con los principales ayuntamientos de Galicia, con deslealtad institucional". "Todo lo contrario de lo que recoge la ley de administración local de Galicia, que establece mecanismos de colaboración interadministrativa antes que judicializar las divergencias", lamenta.

Por su parte, el Ejecutivo gallego ha explicado que existían dos vías: hacer un requerimiento previo o ir directamente a la vía judicial. En este caso, ha explicado Vicepresidencia a Europa Press, se optó por este camino "simplemente para no dilatar los plazos".

Según la argumentación de la Xunta, la Ley de espectáculos públicos señala que los ayuntamientos podrán establecer "supuestos concretos" de este tipo de actividades que, por su escasa entidad, "no precisen la presentación de declaración responsable de protección de orden pública, seguridad pública, salud pública y medio ambiente".

En este sentido, señala que el ayuntamiento tendría que haber establecido "justificadamente" aquellos supuestos concretos en su ordenanza, pero, "por el contrario, lo que hace es permitir con carácter general todo tipo de actuaciones en vivo en todo tipo de establecimientos sin distinción" y con el único requisito de cumplir la normativa de contaminación acústica.

NO HUBO ALEGACIONES
Frente a esta denuncia, el Ayuntamiento de Santiago ha defendido, en respuesta a Europa Press, que aprobó inicialmente la nueva ordenanza en julio y, definitivamente, en noviembre, "sin que durante el periodo de alegaciones y exposición pública la Xunta hiciese ninguna aportación".

Ahora el Consistorio ha conocido la existencia del contencioso-administrativo presentado por la Xunta y un borrador de decreto de catálogo de espectáculos que aportó el sector. A este respecto, apunta que el propio borrador de decreto "contradice" la Ley de espectáculos, que reconoce la autonomía municipal en la materia".

El gobierno local, que preside Martiño Noriega (Compostela Aberta), recuerda que impulsó la ordenanza ante la "pasividad" de la Xunta, que "no quiso establecer un diálogo" con el ayuntamiento, para poder reconocer la música en vivo como "un elemento transversal" y que los locales compostelanos pudiesen seguir acogiendo este tipo de eventos.

"El Ayuntamiento hizo sus deberes y va a luchar por que la Música ao Vivo (ciclo musical de conciertos en directo) en los locales continúe siendo parte de la riqueza cultural de la ciudad. Regulamos con las competencias que nos reconoce la Xunta", ha incidido en Consistorio, que niega "manga ancha".

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