El recurso que presentará Pilar de Lara contra su inhabilitación por siete meses y un día nace lastrada por la unanimidad alcanzada en la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Todos su integrantes apoyaron una sanción especialmente relevante porque, al ser mayor de 7 meses, implica que perdería su plaza en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y, por lo tanto, las investigaciones sobre importantes políticos y empresarios cambiarían de instructor.
Pilar de Lara
UNANIMIDAD
Según fuentes judiciales consultadas por Galiciapress, no suele ser habitual que la Comisión imponga sanciones de tal calado ni que, mucho menos, todos sus miembros opinen igual. Sin embargo así lo hicieron Victoria Cinto, Wenceslao Olea Godoy, Carmen Llombart Pérez y Roser Bach Fabregó (magistrados); María de los Ángeles Carmona Vergara (letrada de la Aministración de Justicia) y Vicente Guilarte Gutiérrez y Enrique Lucas Murillo de la Cueva (abogados) .
CONSECUENCIAS POLÍTICAS
El eventual traslado de De Lara a otro lugar es políticamente muy relevante en Galicia. En sus instrucciones mantiene como investigados hace años a docenas de importantes empresarios y políticos gallegos. Por poner algunos ejemplos, el dueño de Monbús e Interías Raúl López, el ex-alcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP) y ex-presidente de la Diputación de Lugo José Ramón Gómez Besteiro. El ex-líder del PSdeG es uno de los políticos que tuvo que retirarse de la vida pública y que aún muchos años después sigue esperando poder defenderse en un juicio.
De confirmarse la sanción, su futuro judicial pasará a depender de otro juez, pues De Lara será trasladada a otro juzgado que, además, no podrá escoger, sino que será alguno de los que queden vacantes después de otros compañeros escojan.
NO DEFIENDEN A LA JUEZA NI DESDE EN MAREA
Dada esta relevancia política, las reacciones no se han hecho esperar. Pese a que todos los políticos investigados son rivales de su partido, el líder de En Marea ha respaldado la sanción. Es más, Luís Villares ha aludido a "torpes decisiones cuando se realizan instrucciones".
La opinión de Villares es especialmente signficativa, dado que antes de político, fue magistrado, por lo que es consciente de que el CGPJ no se distingue precisamente por sancionar a la ligera. Tampoco ninguna de las agrupaciones judiciales ha salido por ahora en defensa de la jueza.
"La gente que es acusada durante años sin poder recibir una solución de un aparato judicial, es porque no funciona bien", ha argumentado Villares.
INSTRUCCIONES QUE SE PROLONGAN DÉCADAS Y SUMAN PALOS
Por poner un ejemplo, no fue hasta esta semana que De Lara cerró la instrucción de la Operación Carioca. Lo hizo después de diez años, pese a la gravedad de los delitos investigados a una supuesta mafia policial: agresión o abuso sexual, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y falsedad documental.
Además, De Lara ha visto como instancias superiores desautorizaban autos suyos en términos muy duros en múltiples ocasiones. El Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Lugo, entre otros.
Así las cosas, el final de este asunto depende del recurso que ya ha anunciado su defensor. Pese a su prestigo y a sus frecuentes apariciones en la prensa, Agustín Azparren no ha logrado por ahora tumbar los argumentos del expediente del el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde. Azparren admitió que la sanción es "muy excepcional" y se quejó de enterarse a través de la prensa.