No se puede aspirar a mantener la población en el rural y al mismo tiempo desmantelar las oficinas agrarias comarcales. Esto es los que la CIG Autonómica reprocha a la Xunta de Galicia, alertando además de la "privatización o extinción de las funciones" de labores de estas oficinas de información.


Cartel del Concello de Ponte Caldelas en la primavera de 2018 anunciando que la Oficina Agraria cierra por falta de personal 


El principal sindicato de la administración gallega asegura que uno de cada cinco puestos de trabajo en estas oficinas está vacante, debido a "amortizaciones o falta de dotación presupuestaria".


Por ahora, la Consellería de Medio Rural, que gestiona las Oficinas Agrarias Comarcales, no ha respondido a las acusaciones de la central nacionalista, emitidas este domingo.


SE CREA UN "NEGOCIO DE GESTIÓN PARALELO"

La CIG insiste en que no solo desaparecen empleos públicos en el rural, sino que también hay "retirada de funciones hacia empresas" en labores como la tramitación de las subvenciones de la PAC europea y los cursos de formación. 


"Ante esta situación se está a generar un negocio de gestión paralelo (gestorías agrarias) que ocupa el es espacio del servicio público" prestado desde hace décadas por las Oficinas. El sindicato añade que los trabajadores públicos que quedan tienen una edad avanzada, más de la mitad son mayores de 51 años.


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