Cargos de TV3 y de la Generalitat acusados de organización criminal
miércoles, 15 de mayo de 2019, 10:18
La Fiscalía incluye a 28 acusados, entre los que están los mandos de la televisión y la radio pública de Cataluña, como parte de una "organización criminal" para montar del 1-0. Es la primera vez que el ministerio público hace imputaciones de este calibre al hilo del referéndum ilegal.
La Fiscalía quiere procesar por organización criminal a cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y de la Generalitat que están siendo investigados en el juzgado 13 de Barcelona por la organización del referéndum del 1 de octubre.
El Ministerio Público ha enviado un escrito a la titular de este juzgado para que procese, entre otros, al secretario general de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; los responsables del Diplocat; la presidencia de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saült Gordillo, y el director comercial de la CCMA, Martí Patxot.
La Fiscalía considera que una organización criminal es "cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas".
Incluye estas 28 personas como las que "de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Catalunya" mediante aportación individual y jerarquizada.
El 9 de abril, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó a 30 investigados en la causa abierta por los preparativos del 1-O en 2017, la mayoría de ellos excargos públicos del Govern de Carles Puigdemont -algunos siguen en la Generalitat-.
La magistrada titular había adoptado esta decisión en un auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, tras más de dos años de instrucción iniciada por el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer.
La juez fijó en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O.