El sindicato CIG ha presentado en el registro del Parlamento gallego un total de 13.731 firmas en apoyo a su iniciativa legislativa popular (ILP) para que la energía pase a ser considerada servicio público y que las concesiones hidroeléctricas pasen a la administración.
En declaraciones a los medios ante la Cámara gallega, tras hacer entrega de estas firmas en el registro de la institución, el secretario xeral del sindicato, Paulo Carril, ha reclamado que se tomen medidas para evitar "los altos precios impuestos por el oligopolio", que está provocando una situación de "pobreza energética" y que muchas empresas gallegas estén "en riesgo"
Así, ha recordado que Galicia exporta el 40 por ciento de la energía que produce al resto del territorio, sin que eso retorne en beneficios a la comunidad a pesar del "daño que implica".
El territorio gallego cuenta con 166 centrales hidroeléctricas, que representa "el 20 por ciento" de la instalada en el conjunto del Estado.
En este sentido, Carril ha trasladado que esta ILP busca que aquellas concesiones, muchas de ellas "superando" los 75 años y que "están caducando", pasen a la administración públicia a través de una "empresa pública gallega" que explote estas centrales a través de un "interés social".
"Que esta situación de espolio de recursos tiene que revertir de alguna manera", ha insistido Carril, quien ha instado a dotar de instrumentos que permitan darle la vuelta a la "pobreza energética" que vive la comunidad a pesar de que es territorio "excedentario" en producción.
Por todo ello, ha pedido el apoyo parlamentario a esta ILP, confiando en que los grupos políticos den su visto bueno por unanimidad.