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Cifra en "más de 40 millones" de personas las víctimas de explotación sexual en el mundo y critica la "impasibilidad" de la Administración en el caso

Esquerda Unida ha presentado este martes en el registro de la Xunta un escrito para instar a que la Administración autonómica "se digne a personarse" en la Operación Carioca, cuya instrucción de la pieza principal ya se encuentra cerrada con cinco investigados. Además, la formación reclama que forme parte de la acusación también el Ayuntamiento de Lugo.

En una rueda de prensa ofrecida este martes en la sede del partido en Santiago, la coordinadora nacional de EU, Eva Solla, ha insistido en que estas dos instituciones "no pueden permanecer impasibles ante la indefensión de las víctimas de trata". Y es que, tal y como ha recordado la coordinadora del área de Mujer de EU, Raquel Bermúdez, precisamente este 30 de julio se celebra el Día Internacional contra la Trata de Personas.

En este contexto, Solla ha esgrimido que la Xunta "está siendo cómplice de la impunidad" en los casos relacionados con la Carioca y, "si no se actúa, decenas de mujeres quedarán en vulnerabilidad en casos terribles, incluyendo la prostitución de menores".

Además, la también vicepresidenta segunda del Parlamento gallego ha recordado que la pasada semana el Tribunal Supremo emitió una sentencia en relación a casos de prostitución en Vigo, A Coruña y Córdoba en las que "trataba la situación de prostitución como un delito, que está a las puertas de nuestros municipios, y como la esclavitud del siglo XXI".

Eva Solla ha aprovechado para recordar que la jueza Pilar de Lara, instructora de esta operación, ya se dirigió tanto a la Xunta como al Ayuntamiento para que formasen parte del caso. De hecho, el artículo 30 de la ley autonómica contra la violencia de género recoge la capacidad de la Administración gallega para dirigir la acusación popular.

"No entendemos por qué no se actúa. Probablemente porque estos casos tienen relación con otros casos de corrupción que están a ser estudiados por una jueza (De Lara) que está siendo perseguida", ha subrayado.

MÁS DE 40 MILLONES DE VÍCTIMAS
Por su parte, la responsable del área de Mujer de EU ha estimado que, en el mundo, "más de 40 millones de personas son víctimas de explotación sexual", de las cuales "el 72 por ciento son mujeres y niñas que proceden de los grupos más vulnerables de la sociedad, especialmente mujeres migrantes en situación administrativa irregular". En Galicia, Bermúdez ha estimado que este colectivo representa "el 90 por ciento" de los casos detectados.

Además, ha puesto el foco en que España es "uno de los principales destinos de mujeres y niñas víctimas de trata", con un "muy preocupante incremento" de los proxenetas "cada vez más jóvenes", que se sitúan "en torno a los 20 años".

Así, Bermúdez ha recordado que en Galicia permanece activa "la mayor causa judicial contra el proxenetismo" del Estado con la Operación Carioca, en la que Fiscalía --ha criticado-- "no contempló delito en la prostitución de una menor porque falsificó su DNI con un bolígrafo".

Por todo ello, Esquerda Unida ha querido "ratificar" su posicionamiento a favor de las tesis abolicionistas de la prostitución defendidas por el movimiento feminista, "que sitúa a la prostitución como una forma de violencia machista extrema".

DELITOS DE LA CARIOCA
En total, en la Carioca se han investigado supuestos delitos de asociación ilícita, prostitución, tráfico clandestino de personas con fines de explotación sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, delitos de aborto no consentidos, delitos de amenazas, coacciones y extorsión, delitos de agresión y abuso sexual, según consta en un auto con fecha de 25 de marzo de 2019.

A ello se añaden supuestos delitos de lesiones; contra la administración pública, en la modalidad de cohecho; tráfico de influencias; solicitud de favores sexuales por funcionario publico; prevaricación; revelación de secretos; omisión del deber de perseguir delitos; falsedad documental y negociación prohibida a funcionarios públicos, así como contra la hacienda publica y blanqueo de capitales.

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