La crisis que sufre la Confederación de Empresarios de Galicia, que lleva años sin presidente, se explica, en parte, por tramas corruptas como la que dirígía presuntamente Sanchez Sostre. Con una enorme lentitud, la Justicia lo sienta esta semana en el banquillo de acusados por supuestamente birlar dinero público para cursos de formación de la Xunta, el Estado y la UE. 


La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, que tiene su sede en Santiago de Compostela, abrirá este martes la vista oral del juicio por supuestas irregularidades en las facturas de cursos organizados por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) detectadas en torno al año 2000, hace casi dos décadas.



Sede de la patronal gallega



EL NÚMERO DOS DE LA PATRONAL EN EL BANQUILLO

Para el principal acusado, el que hasta ese año fuera secretario de la patronal, Rafael Sánchez Sostre, Fiscalía pide 4 años de prisión y una multa de 2 millones de euros por un delito de fraude de subvenciones.


Después de su caída en desgracia, Sanchez Sostres sigió operando en el sector del transporte, llegando a ser apoderado de Arriva.



Según el escrito de acusación, hay otros ocho imputados, entre ellos socios, gestores o representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto entre los años 1996 y 1999.

Para estos investigados al margen de Sánchez Sostre, el Ministerio Público pide 2 años de prisión y multas que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros.


ACUSACIÓN

De acuerdo con Fiscalía, todos ellos, "con la finalidad de conseguir un beneficio patrimonial", se apropiaron de fondos públicos justificados a través de "cursos no realizados", facturas "dobladas" y la "imputación excesiva de coste" de profesorado, aulas y manuales didácticos, además de "otros excesos contables".


SALPICADAS CASI TODOS LOS NIVELES DE ADMINISTRACIÓN

En este contexto, se considera a Sánchez Sostre, por aquel entonces secretario de la CEG, como el "máximo responsable" de la trama y de ser el "encargado de tramitar y dar cumplida cuenta" entre los años 1997 y 1999 de subvenciones ascendentes a un total de 20 millones de euros y procedentes de fondos europeos, correspondientes a planes de formación que gestionaba el INEM --a través de la Fundación para la Formación Continua (Forcem)-- o convocaba la Xunta.

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