El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado  y  defendido que el Ejecutivo, lo que hizo el pasado 19 de marzo fue "reforzar a la única autoridad que tiene competencia en las residencias de ancianos que son las comunidades autónomas".






En concreto, ha indicado que les pidieron "por escrito que situaran las residencias como prioritarias"  y  convirtieran a los trabajadores de las residencias "en servicios esenciales y que facilitaran las condiciones de contratación para que contrataran más personal".


"Pusimos bajo su control el 75% de las residencias privadas, dimos 300 millones de euros a la administración de Isabel Díaz Ayuso, a la de Emiliano García-Page, de todos los presidentes autonómicos, para que gastaran en personal para cuidar a nuestros ancianos", ha afirmado Iglesias, 


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