El consistorio alega que no es necesaria una correlación entre la participación en la compra de terrenos y las obras de urbanización

La Xunta ha pedido a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que "abandone las faltas de respeto" y que facilite el acuerdo para iniciar "lo antes posible, la recuperación de la fachada marítima" de la ciudad.

Así lo señala en un comunicado tras participar en la reunión de los muelles interiores y en el mismo día en que la regidora instó al Gobierno gallego a "cumplir su palabra" y destinar a la ciudad inversiones comprometidas.

Sobre la reunión de la comisión del puerto celebrada en María Pita, la Administración autonómica afirma que manifestó "su aceptación de la propuesta del Ayuntamiento de A Coruña de adquirir con recursos municipales el 75% del suelo de los muelles de Batería y Calvo Sotelo".

"Con el fin de garantizar la titularidad pública de todos los terrenos, la Xunta está dispuesta a adquirir el 20%, asumiendo la Autoridad Portuaria el 5% restante, y repartiéndose los costos de urbanización en los mismos porcentajes", defiende.

También sostiene que fue la alcaldesa "la que rechazó e incluso descalificó la oferta de la Xunta de invertir 20 millones de euros en adquirir y urbanizar el 51% de los terrenos de los muelles de Batería y Calvo Sotelo".

Por otra parte, afirma que mantiene "sus compromisos de inversión en la reordenación de los espacios portuarios y garantiza que los 20 millones de euros propuestos se destinarán a proyectos al servicio de los coruñeses".

POSTURA MUNICIPAL
En cuanto a la reunión de la comisión interadministrativa celebrada en María Pita, el ayuntamiento informa que se acordó la redacción de una nueva versión del protocolo y de un nuevo convenio para los muelles de Batería y Calvo Sotelo, documentos que sustituirán los firmados en 2004.

Para el consistorio, en la reunión "quedó patente" que no es necesario que exista una correlación entre la participación en la adquisición de los terrenos y las obras de urbanización. Según el edil de urbanismo, Juan Díaz Villoslada, la ley no impide efectuar inversiones públicas mediante convenios o figuras semejantes.

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