Los nacionalistas gallegos denuncian en un comunicado la situación de la sede de la Audiencia Provincial, por la que Néstor Rego ha registrado una iniciativa para solicitar la retirada de los símbolos. 


Néstor Rego ha denunciado que la fachada principal del edificio conserva "intacto y perfectamente visible" un escudo con simbología de la dictadura.


Audiencia Pronvincial de Pontevedra


El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado esta semana una iniciativa para que el Gobierno central retire la simbología de la dictadura franquista del Pazo de Xustiza de Pontevedra, actual sede de la Audiencia Provincial, con base en lo dictado por la Ley de Memoria Histórica.

En un comunicado, el Bloque ha incidido en la urgencia de eliminar estos símbolos del edificio público, así como los nombres de las calles e instituciones que "exaltan el franquismo y todavía perduran en toda Galicia".

El Pazo de Xustiza de Pontevedra es la actual sede de la Audiencia Provincial de las secciones uno y tres del ámbito civil y de las dos y cuatro del penal. El edificio fue construido durante la dictadura, en terrenos cedidos por la corporación municipal del momento e inaugurado por el ministro de Justicia franquista, Antonio Iturmendi Bañales, uno de los creadores del Tribunal de Orden Público de 1956.

Néstor Rego ha denunciado que la fachada principal del edificio conserva "intacto y perfectamente visible" un escudo con simbología de la dictadura.

Además, para el diputado nacionalista, quince años después de aprobarse la Ley de Memoria Histórica "es hora de que la Administración de Justicia cumpla con el mandato legal y comience el procedimiento preciso para eliminar ese símbolo franquista del edificio público".

También, ha recordado que, en la actualidad, está tramitándose en el Congreso el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, texto que mantiene la obligatoriedad de retirar la simbología franquista y dar cumplimiento a los principios de "verdad, justicia y reparación".

"Este no es el único ejemplo de simbología fascista en Galicia, por eso, defendemos que el Gobierno del Estado dé cumplimiento a esta Ley. Es preciso retirar todos los símbolos que perduran en edificios públicos, nombres de calles y de instituciones", ha reclamado Rego. Reprueba que se trata de una "anomalía democrática" que permanezca esta simbología, por lo que "este Ejecutivo tiene que actuar con determinación".


GARANTÍA DE CONEXIÓN EN ZONAS RURALES DE LUGO

El BNG también le ha reclamado al Gobierno que garantice la conexión telefónica y a Internet en Folgoso do Courel (Lugo) tras el anuncio de que Movistar dejará de prestar servicio a través de la red de cobre de la que se sirve la zona.

La organización frentista ha solicitado que el Ejecutivo estatal intervenga para exigir la cobertura con un servicio alternativo que mantenga las tarifas ofertadas hasta el momento.

Según ha explicado el Bloque en un comunicado, el pasado mes de noviembre Movistar rectificaba su decisión de ejecutar el corte de las conexiones de telefonía fija e Internet por red de cobre en Folgoso do Courel, además, se comprometían a realizar la desconexión en 2022 tras haber garantizado una alternativa de servicio a los usuarios de la zona.

Dos meses después, la compañía envió una carta a los vecinos en la que informaba de que en seis meses dejarán de prestar el servicio, pero el Bloque denuncia que todavía no se han proporcionado las alternativas prometidas.

"Es cierto que a muchos usuarios de la zona se les instaló servicio de fibra óptica, pero existen muchos otros que no pueden tener acceso a la misma, por lo que tendrán que disponer de una tecnología alternativa", ha denunciado el diputado del BNG.

Debido a la orografía de la zona, la alternativa principal de una conexión por ondas radioeléctricas, que no funciona en muchos lugares del municipio. La decisión de la compañía, según explica Rego, deja a "muchas vecinas y vecinos en un aislamiento tecnológico".

En ese sentido, el diputado del BNG le ha reclamado al Gobierno que intervenga en esta situación y lleve a cabo todas las medidas necesarias que permitan garantizar un servicio básico de comunicación alternativo que sustituya el actual para todo el vecindario.

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