La Diputación de Pontevedra ayudará a los ayuntamientos a adaptar sus ordenanzas municipales y las tasas por la generación de residuos, según ha avanzado este miércoles el vicepresidente de la institución provincial, César Mosquera.
Mosquera ha mantenido una reunión con representantes municipales de 50 ayuntamientos de la provincia para abordar el nuevo marco normativo de los residuos y sus implicaciones para los gobiernos locales, y ha advertido de que, ante el nuevo escenario, las entidades locales deberán corregir sus ordenanzas de residuos e implantar tasas que graven el pago por generación.
En este encuentro, los representantes municipales han trasladado su preocupación por el cambio que ya está en marcha y que obliga a las administraciones locales, bajo amenaza de sanción, a cumplir los objetivos de reciclaje, teniendo como primera fecha 2025 para reciclar el 55% de los residuos.
César Mosquera ha subrayado que ninguna de las nuevas normativas, ni la transposición de la directiva europea, ni la nueva ley estatal ni la autonómica, prevén aportaciones económicas, sino que todas están basadas en el principio de 'quien contamina paga', cargando la financiación del sistema en las tasas sobre los productores de los residuos. De ahí la necesidad de corregir las ordenanzas municipales estableciendo diferentes escalas en esos pagos.
La nueva ley insiste expresamente en que hay que aproximarse al pago por generación: quien más residuos genera debe pagar más, y Mosquera ha anunciado que la Diputación va a poner ayudas a disposición de los gobiernos locales "que quieran cumplir con los objetivos, con la normativa, la legalidad, el planeta, el medio ambiente, y con todos los objetivos que son irrenunciables".
INSPECCIONES
El Plan Revitaliza, según ha señalado el vicepresidente de la Diputación, va a conceder ayudas económicas para realizar las inversiones necesarias, pero ha advertido de que se van a realizar inspecciones para que realmente el dinero se destine a obtener resultados y cumplir los objetivos de reciclaje.
También ayudará en la redacción de nuevas ordenanzas municipales conforme a la normativa, así como en la gestión de la obtención y transmisión de información sobre los residuos locales a la Xunta.
Mosquera ha confirmado también que, frente al déficit de recursos humanos de los ayuntamientos, la Diputación va a impulsar un servicio provincial de inspección y control de residuos para cumplir otra de las exigencias de la nueva ley. La alternativa para los municipios, según ha recordado, es hacer la inspección por sí mismos a través de la Policía Local o de otro personal funcionario propio.
Con el fin de concretar todas las iniciativas y hacer una valoración económica y de recursos humanos que la Diputación precisa para ayudar a los concellos, los representantes municipales se han comprometido a concretar en los próximos días su adhesión a la propuesta provincial.