La Fiscalía pide penas de más de 2 años de cárcel, y multas que van de 54.000 a 72.000 euros para varios empresarios y sus sociedades, acusados de comerciar con gases refrigerantes prohibidos, y que serán juzgados desde este martes en la sala de lo Penal 1 de Vigo.
Según el escrito de acusación del ministerio público, uno de los acusados es responsable de una empresa afincada en la ciudad olívica y que, al menos de 2010, vendía gas clorodifluorometano, conocido por su nombre comercial como gas R22, que se utiliza para refrigeración industrial y de buques.
La venta de este gas está prohibida por normativa europea debido a que se trata de un producto que destruye la capa de ozono, aunque se contempla la excepción de que se pueda importar, reenvasar y exportar a otros países no comunitarios. También se permite vender en territorio de la UE si previamente se regenera.
La Fiscalía sostiene que esta empresa y su responsable vendieron el gas sin regenerar, a sabiendas de que estaba prohibido, a otras empresas, que también están acusadas en este procedimiento junto a sus responsables, y a buques.
El ministerio público los considera responsables de un delito de tráfico ilegal de sustancia destructora del ozono, y solicita para cada de las cuatro personas acusadas en esta causa (dos de ellas con documento portugués) la pena de 2 años y 3 meses de cárcel, multa de 66.000 euros y 9 años de inhabilitación para comerciar con gases refrigerantes.
Para la empresa gallega que vendía el gas pide multa de 72.000 euros y la prohibición de realizar operaciones de comercio de gases refrigerantes durantes 2 años; para otra empresa gallega que compraba el producto y lo distribuía pide multa de 54.000 euros, la misma multa que para otra empresa portuguesa que adquirió el gas.