Instan al Ministerio de Transportes a que rectifique y tenga en cuenta la dispersión y envejecimiento en Galicia

La Xunta suma fuerzas con los empresarios de Ourense contra el "enorme agravio" de la futura ley estatal de movilidad sostenible, ya que la consideran "lesiva" para el rural y una provincia con un 75% de municipios de menos de 2.000 habitantes.

En rueda de prensa en Ourense, la conselleira de Infraestrutura, Ethel Vázquez, ha censurado que el texto, contra el cual la Xunta ha presentado alegaciones, "supone ahondar en el declive demográfico en el rural", además de que supone "firmar el acta de defunción de los servicios ferroviarios", pues alerta de que se pretende suprimir los servicio de tren de media distancia por transporte por carretera que deben pagar las comunidades.

En una rueda de prensa en la que también han participado el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, y la presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense, María Sol Nóvoa Rodríguez, el Gobierno gallego y la patronal ourensana han instado al Ministerio de Transportes a tener en cuenta las particularidades de Galicia, tales como la dispersión y el envejecimiento, en la planificación de infraestructuras.

La conselleira censura que la nueva ley no recoge la movilidad rural ni incorpora cuestiones como la igualdad de oportunidades, la vertebración territorial y la cohesión social. Demanda que se rectifique este anteproyecto que supedita la planificación de infraestructuras de transporte estatal a la rentabilidad económica, lo supondría centrar inversiones en las zonas más pobladas, lo que "sería la excusa legal para no hacer la autovía Lugo-Ourense".

Entre otras cuestiones, indica que el anteproyecto impide que las comunidades puedan beneficiarse del fondo estatal para el sostenimiento de la movilidad, que se reserva únicamente para entidades locales, lo que deja fuera al transporte metropolitano que prestan autonomías.

PAGO DE AUTOVÍAS
La conselleira reclama participación y consenso a la hora de abordar un posible sistema de pago por uso en las autovías como mecanismo para financiar el mantenimiento de la red de carreteras.

A este respecto, la Xunta y los empresarios coinciden en la oposición frontal la cualquier sistema de pago que se base en la distancia recorrida, ya que sostienen que es lesivo para Galicia al acrecentar las desigualdades entre comunidades y el desequilibrio territorial.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense apunta que es llamativo que la ley no tenga en cuenta a la movilidad rural, por lo que destaca unas alegaciones para defender la viabilidad de las infraestructuras en zonas donde la rentabilidad es eminentemente social.

FONDOS NEXT GENERATION
Por otra parte, la Xunta viene advierte de que los criterios del Gobierno central en el reparto de los fondos Next Generation de movilidad, que tienen que ser invertidos en núcleos de más de 50.000 habitantes, implican dejar al margen al 97,8% de los municipios gallegos.

En la provincia ourensana, solo la ciudad de Ourense supera los 100.000 habitantes y no hay ningún municipio que tengan una población entre 20.000 y 100.000, por lo que estas inversiones queden restringidas únicamente a la capital de la provincia.

Sostiene que esta circunstancia lastra el desarrollo de mejoras viarias en el interior e impide que conexiones esenciales para la vertebración, como la mejora de la OU-540 y que puedan ser financiadas a través de esa financiación europea.

La responsable de Infraestruturas en funciones ha recordado las obras pendientes del Gobierno central en la provincia, como la reforma ferroviaria de la intermodal, que aún no se adaptó a la llegada del AVE; los trechos pendientes de contratación de la Variante Exterior, la autovía a Ponferrada o la Ourense-Lugo, la A-56.

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