BNG traslada en Celanova sus propuestas ante la escalada de precios y pide al Gobierno "rectificar la política eólica"
sábado, 11 de junio de 2022, 20:40
Rego registra iniciativas para conocer el control y rectificación de la publicidad en las obras financiadas con fondos europeos en el CEIP Gregorio Sanz en Ribadeo
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha compartido las propuestas nacionalistas para frenar la escalada de precios en un acto con los vecinos de Celanova (Ourense).
Allí el diputado ha destacado las iniciativas inscritas en la cámara baja para conseguir que el Gobierno del Estado "rectifique la política eólica que amenaza a Galicia" y ha insistido en el compromiso "arrancado al Gobierno para que se restaure el proceso de alegatos y participación vecinal en la tramitación de los proyectos así como la Declaración de Impacto ambiental durante la negociación para aprobar el RDLei 6/2022".
Los nacionalistas en insistido en que la escalada de precios es "una de sus principales preocupaciones", ya que afecta "directamente" a las economías familiares, sectores productivos y empresas.
"El BNG considera urgente abordar una reforma del sistema fiscal para hacerlo más progresivo y redistributivo, además de compensar la pérdida del poder adquisitivo de los sectores de la población económicamente más vulnerables; a comenzar por la reforma del IRPF, para incrementar la progresividad y, mientras dure la situación de inflación, la deflactación de la tarifa, evitando la tributación sobre rendimientos nominales", ha explicado.
A esto suman la bajada del IVA a los productos básicos y esenciales, como los abastecimientos de agua y energía, alimentos o productos de higiene o el incremento a los tipos del Impuesto de Patrimonio para grabar las grandes fortunas.
En lo que respecta al sector primario, los nacionalistas piden controlar y estabilizar el precio y ayudas para los sectores agrícola, ganadero y pesquero, además de reclamar al Ejecutivo que "controle el cumplimiento de las previsiones de la Ley de Cadena Alimentaria y que exija que no se venda por debajo de los costes de producción".
Otra prioridad para el BNG es el sector eléctrico, "que necesita de una reforma profunda si se quieren ver cambios en la factura". Entre esos cambios, Rego ha citado la intervención pública del mercado y el control los precios para garantizar el acceso a la energía como "un bien básico" y que se produce con recursos públicos.
ENERGÍA EÓLICA SÍ, PERO NO ASÍ
En Celanova los nacionalistas también ha abordado la situación de la energía eólica en Galicia. "Desde el primer momento el BNG defendió que la autorización para la instalación de proyectos eólicos en Galicia tenía que garantizar el respeto y conservación del medio ambiente, patrimonio natural y cultural, tierras agrarias y forestales y, sobre todo, no afectar a viviendas y núcleos de población", ha comentado.
Es por esto que piden que al Gobierno garantizar que se cumplen estos criterios y la participación pública durante el proceso. "Sin embargo, en el Real Decreto Ley 6/2022, se decidió unilateralmente eliminar el trámite de alegatos así como la Declaración de Impacto Ambiental. Fue por ese motivo que el BNG negoció con el Gobierno y condicionó su apoyo en la convalidación a que se tramitase como Proyecto de Ley y se recuperasen las garantías de transparencia y publicidad pública", recuerdan.
ACTUACIONES EN EL CEIP GREGORIO SANZ
Por otro lado, Rego ha registrado iniciativas para conocer las actuaciones que llevará a cabo el Gobierno español sobre el control y rectificación de la publicidad en las obras financiadas con Fondos Europeos destinados al CEIP Gregorio Sanz en Ribadeo.
Los nacionalistas demandan "que no se ponga en peligro la inversión, por el incumplimiento de la Xunta de Galicia", y reclaman "diálogo" entre las administraciones para reponer de manera correcta la publicidad y cumplir la normativa.
Recuerdan que en febrero el Ayuntamiento de Ribadeo recibió un escrito de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, donde se trasladaba una solicitud de consentimiento para la realización de una serie de actuaciones de mejora en el CEIP Gregorio Sanz, en referencia al convenio firmado por el MITMA y la Xunta de Galicia para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos financiado con fondos europeos.
En este escrito se pedía la declaración responsable de que el Ayuntamiento conoce y consiente la recepción de estos fondos europeos, así como de llevar a cabo esas actuaciones de mejora, comunicándose así de manera oficial a concesión de los fondos europeos asignados al MRR para la ejecución de esta obra.
El acuerdo incluía una transferencia directa de fondos del MITMA a Galicia con un importe de 27.331.200 eruos, destinados a 33 actuaciones de rehabilitación de edificios públicos, entre ellos centros de educación infantil y primaria, institutos de educación secundaria, centros de interpretación, e incluso inmuebles de la Xunta de Galicia.
Además, comprobaron que el mencionado centro aparece en el listado de actuaciones de 'tipo A eficiencia energética"' con un coste total de 1.005.008 euros. De esta cantidad, el 83 % del coste total, proviene de fondos europeos.
En el apartado de cláusulas del convenio, aparecen los requisitos de los inmuebles que serán objeto de rehabilitación y también los deberes de la Consellería en materia de publicidad y, según relatan los nacionalistas, una de las cláusulas dice literalmente, que entre esos compromisos se encuentra "dar la adecuada publicidad, promoción e información del PIREP en cuanto a la financiación de las actuaciones que sean objeto de subvención, que se hará constar mediante un cartel".
El diputado del BNG insiste a este respecto en que el Gobierno del Estado debe dirigirse "a la Xunta de Galicia para que haga cumplir sus compromisos y deber en materia de publicidad y transparencia, con el fin de no poner en peligro las inversiones financiados con fondos europeos para la rehabilitación integral del CEIP Gregorio Sanz". Rego quiere conocer además las razones por las que la Xunta incumplió los apartados de publicidad y transparencia.