Existe una cierta sensación de intranquilidad entre los agentes de la Guardia Civil que investigan casos de corrupción. Casos como los de Manuel Sánchez Corbí y Diego Pérez de los Cobos, cesados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hace que algunos de ellos teman por su trabajo, por si el resultado incomoda a altos cargos. De hecho, existe la sensación que, en última instancia, dependen del Tribunal Supremo.
Este tribunal, de hecho, admitió a trámite, el pasado mes de mayo el recurso del coronel Pérez de los Cobos para fijar cómo debe motivarse un cese como el suyo.
Unidades como la UCO, la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) y el Servicio de Criminalística, entre otros, son las ramas de la Guardia Civil que quieren tener tranquilidad para poder trabajar con garantías.
Uno de los sindicatos del cuerpo, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) cree que los "10.000 puestos de trabajo de libre de designación en la Guardia Civil necesitan estar debidamente motivados para su adjudicación".