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La delegación ourensana de la Confederación Intersindical Galega (CIG) solicitó a finales de febrero que Fiscalía reabriese el expediente sobre el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) tras la detención de cuatro personas relacionadas con el mismo en A Coruña, por lo que este jueves representantes de la CIG han acudido a los juzgados a presentar un escrito al respecto.

Así, el secretario comarcal de la CIG, Anxo Pérez Carballo, ha recordado que el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza en A Coruña "domina casi el 100% de la recogida de residuos sólidos y la limpieza viaria" y en Ourense, esa misma organización, "creó Ecourense UTE, que emplea un sistema de contratación por medio de una agencia que se llama Imprego, que en teoría es para incluir en el mercado laboral a personas con riesgo de exclusión social, y está dirigida por la esposa del secretario de STL, por lo que la organización tiene tentáculos en Ourense".

En este sentido, ha explicado que Imprego consiguió tener en Ourense el 50% de las contrataciones que se hacen en Ecourense UTE en exclusiva, "con la aquiescencia de una de las empresas del grupo Fomento de Construcciones y Contratas".

De este modo, la Confederación asegura que el personal que contrataban "de pronto empezó a aumentar", la plantilla "se disparó" con contratos "temporales, de fines de semana y coberturas que antes no se cubrían" incluso "con contratos masivos en pleno confinamiento, es decir cuando las personas estaban encerradas en sus casas y no se producía demasiada basura había contratos masivos para su recogida".

Además, señala que, a mayores "para que la gente fuese contratada tenía que pagar una cuota mensual. Si el contrato era de jornada completa era alrededor de 70 euros, si el contrato era de jornada parcial la cuota rondaba los 45".

Por todo esto, desde la CIG afirman que lo pusieron en conocimiento del Ayuntamiento ya a finales del 2018, cuando fueron conocedores de que "se empezó a hacer este tipo de maniobras", pero "se puso de perfil", por lo que en el año 2020 acudieron a Fiscalía, pero la causa se archivó en febrero del 2021 porque "no observaron irregularidades".

"Ahora pasó lo que pasó en A Coruña, con la detención de cuatro personas relacionadas con el sindicato, y lo que se refleja en los medios es que están acusados de delitos de gravedad como blanqueo de capital, malversación o estafa", señala el secretario comarcal ourensano.

"MODUS OPERANDI IDÉNTICO"
Asimismo, apunta que "la información es que la actuación policial se da por un modus operandi idéntico al que tenían en Ourense, no hay variación ninguna". Por ello, ha denunciado que "la única diferencia" es que en A Coruña "controlaban el 100% de las contrataciones y aquí tienen el 50%".

Por todo ello, han acudido a Fiscalía a solicitar que reabran la investigación, "que anule el archivo que hizo en su momento y que se vuelva a investigar" porque se observan "muchas similitudes" para, "por lo menos, tener una duda razonable sobre que aquí se cometieron importantes delitos".

"Estos acontecimientos recientes indican los delitos a los que apuntábamos", destacan desde la CIG que, además, expone que si en 2020 "aportamos un número de recibos, ahora podemos aportar muchos más".

Además, subrayan que "hay gente que pagó las mordidas y ahora mismo no tendría miedo a declarar en Fiscalía" y eso consideran que "abre más vías", apoyado a la vez en que "Fiscalía tiene toda la información que la UDEV y la Fiscalía de A Coruña recabó, por lo tanto creemos que tienen el camino más fácil para hacer un trabajo riguroso".

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