Dos altos cargos de la consellería de Sanidade deberán declarar ante el juez, investigados por un supuesto delito de prevaricación relacionado con los retrasos en Galicia para autorizar tratamientos de pacientes con hepatitis C. Lo harán a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía a comienzos de año, en un caso en el que también observó indicios de homicidio imprudente, como adelantó ElDiario.es.


Pero por el momento el juzgado que lleva el caso ha decidido atribuirles únicamente un supuesto delito de prevaricación. Los imputados son el actual gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial (entonces director de Asistencia Sanitaria) y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo. Ambos han sido citados a declarar para el jueves 28 de abril. 


Tendrán que responder por los retrasos que se produjeron en los tratamientos del medicamento Sofosbuvir, que según la fiscalía fueron "de tipo presupuestario del Servicio Galego de Saúde y no de contenido médico o clínico". La denuncia de la Fiscalía habla de 6 enfermos que murieron entre Galicia entre 2014 y 2015, después de ver negados o retrasados sus tratamientos pese a las advertencias de los facultativos que los atendieron y a que cumplían los requisitos del protocolo.


Estamos ante la primera causa penal contra una administración pública que sale adelante en España por retrasos en la prescripción del tratamiento de la hepatitis C, afectando directamente al ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo. 


Pero no es la primera vez que se cuestiona el sistema de la Xunta. En Galicia, la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C ha demandado "responsabilidades políticas y penales" al Gobierno gallego, con especial intensidad a Rocío Mosquera, quien estaba al frente del departamento de Sanidade en el punto álgido del conflicto y a quien ha relevado al frente de la Consellería Jesús Vázquez Almuiña. 


El propio conselleiro fue el encargado de salir al paso de la investigación, echando un capote a los dos altos cargos y asegurando que confía en que hicieron el trabajo "como tiene que hacerse", actuando en base a "criterios clínicos" y no presupuestarios como considera la Fiscalía. 


No es la primera vez que Sanidade tiene que salir en defensa de la comisión que autorizaba los fármacos. El actual director de Asistencia Sanitaria, Ramón Ares, aseguró recientemente que se trataba de un modelo “absolutamente riguroso” con un funcionamiento “muy bueno”. "Funcionó desde nuestro punto de vista perfectamente, lo cual permitió que antes de tener el plan estratégico todos aquellos pacientes graves que necesitaban tratamiento, lo tuvieron", subrayó hace unos tres meses. 



SEIS PACIENTES MUERTOS


La denuncia detalla que tres pacientes murieron sin llegar a tener acceso al tratamiento, a pesar de las numerosas solicitudes de sus médicos, que alertaron de la gravedad de los casos y que no existía otra alternativa farmacológica.


Otras tres personas llegaron a recibir la medicación, aunque en un momento en el que el deterioro de su salud era tal que ya no se podía hacer nada por ellos.


La Fiscalía se apoya en informes médicos y alerta de que en algunos casos se manipularon las fechas de solicitud de los tratamientos para que pareciera que el tiempo de espera había sido menor.


Además de las demoras denunciadas, el ministerio público señala el caso de un paciente de Lugo que accedió al tratamiento a tiempo porque su facultativa envió cartas a diferentes altos cargos de la Xunta, en las que alertaba del peligro de muerte del enfermo. 


LOS PACIENTES CELEBRAN LA DECISIÓN


La Plataforma Gallega de Afectados por la Hepatites C ha celebrado la decisión de la Fiscalía. Su presidente, Quique Costas, considera que "viene a ratificar lo que nosotros hemos denunciado; nos da la razón: los recortes matan".


Considera que el proceso abierto "avala" los motivos "económicos" que la plataforma puso sobre la mesa desde sus primeras denuncias hasta que se aprobó el plan estatal y se incorporaron los nuevos tratamientos para hepatitis C.


El portavoz de la Plataforma, ha incidido en la necesidad de depurar responsabilidades políticas "al más alto nivel", en una jornada en la que la oposición ha pedido la dimisión del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, por este caso.


Evaristo Varo, de Batas Blancas, coincide en la necesidad de la asunción de responsabilidades políticas "al más alto nivel" y ha señalado que la decisión de que un juzgado abra diligencias "es muy buena".


"Esperemos que se haga justicia", ha remarcado, tras incidir en que la asociación, de la que partió la denuncia, no se personará en el proceso porque así lo ha acordado con la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, que ya ha dado este paso.

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