Manuel Fernández de Sousa presentó su dimisión como presidente de Pescanova el 17 de julio de 2013. La auditora KPMG había certificado que la empresa operaba con diferentes sociedades opacas en diversos paraísos fiscales.

El que era presidente de la compañía pesquera por aquel entonces había utilizado un entramado de empresas para desviar fondos y tener liquidez. Una de estas empresas estaba radicada en las Islas Vírgenes y fue reactivada poco antes de que Pescanova se hundiese.


Ya en plena crisis de la pesquera, el abogado de Ginebra Alain B. Levy se dirigió al bufete de abogados Mosssack Fonseca para pedir un certificado que acreditase que la sociedadInternational Gestion Finance SA estaba dada de baja desde 2004 y que su propietario, De Sousa, era dueño de todos sus bienes.


Una compañía que se fundó en 1998 y que quedó inoperativa en 2005, momento en el que el expresidente de Pescanova dejó de pagar la cuota al despacho de abogados para mantenerla activa. El abogado de Fernández de Sousa solicitó a Mossack Fonseca las acreditaciones para demostrar que los bienes de la sociedad ---8.564 acciones de la sociedad Sodesco—eran propiedad de De Sousa. Y es que Sodesco era una de las empresas que el expresidente de Pescanova usaba para controlar la pesquera.


Según cuenta El Confidencial –que junto con La Sexta está publicando la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación-- el bufete panameño comunicó al abogado Levy que no podía enviarle el certificado porque carecía de algunas informaciones. De Sousa pretendía exculpar a todos los miembros del consejo de la empresa –por el que pasaron hasta doce personas--.


Un portavoz de De Sousa ha comunicado que la empresa Intertional Gestion Finance“nunca se utilizó para obtener ninguna ventaja fiscal” y que las gestiones de 2013 buscaban “que se acreditara que la sociedad ya no existe ni es titular de nada”.


El porqué del interés del expresidente de Pescanova de centrar en él toda responsabilidad está todavía por ver. Cuando el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, solicitó unafianza de 158,5 millones de euros para De Sousa, éste acreditó que poseía solo acciones e cuatro sociedades sin actividad, algo más de 4.000 euros en una cuenta del Banco Sabadell y dos coches de segunda mano. 

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