El pleno de la Diputación de Lugo ha exigido este martes a la Xunta que cubra la jubilación "inminente" de una veintena de médicos en los municipios de Láncara, Sober, Pantón, O Páramo, Guitiriz, Castro de Rei, Samos, Monterroso, Pedrafita do Cebreiro, As Nogais, O Incio, Portomarín, Antas de Ulla, A Pontenova e Begonte.
La iniciativa, que ha contado con el apoyo del BNG y el voto en contra del PP, ha sido defendida por la portavoz socialista Pilar García Porto, quien, tal y como ha informado la Diputación en un comunicado, ha asegurado que, "por desgracia", la situación de la sanidad pública en la provincia es un "ejemplo de la mala gestión" del Sergas, que "pagan los lucenses con el deterioro de los servicios públicos".
"Cuesta entender como en pleno siglo XXI un gobierno que presume de gestión pueda dejar sin atención médica a una parte tan importante del territorio", ha sostenido la socialista, que ha denunciado el "desprecio del PP hacia la población del rural".
Asimismo, el texto aprobado también reclama al Gobierno gallego que restituya los cuadros de personal previstos para cada centro de salud, recuperando las plazas desaparecidas por las "políticas de recortes del PP", que "establezca modelos de carrera profesional que aseguren la carga de trabajo adecuada a los profesionales, eliminando los cupos excesivos de pacientes, la no cobertura de bajas o vacaciones".
MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
La institución provincial, también ha raíz de otra iniciativa de los socialistas apoyada por el Bloque y rechazada por el PP, ha reclamado a la Administración autonómica que modifique el modelo de tributación del canon eólico, pasando de fijarlo por potencia en lugar de por molino; que defina la participación de los ayuntamientos costeros en los beneficios de la eólica marina; y que establezca que la recaudación íntegra del actual canon eólico y del futuro canon de la eólica marina se destine a mejoras en los ayuntamientos y en las comunidades locales afectadas por la instalación de los parques.
"Los ayuntamientos acogen el impacto de las obras y en ellos se asientan las infraestructuras que hacen posible el aprovechamiento de las energías limpias", ha explicado García Porto, al tiempo que ha denunciado que precisamente las entidades locales "siguen siendo las grandes olvidadas en el desarrollo del sector", recibiendo "un mal pago de la Xunta".
CENTRO DE RECRÍA GRANXA GAYOSO
La corporación también ha aprobado la revisión de las tarifas del Centro de Recría que la Diputación tiene en marcha en la Granxa Gayoso Castro, un paso que la institución provincial ha calificado de "fundamental" para la viabilidad de este servicio público, una vez que está al 100% de su capacidad y teniendo en cuenta la subida de los precios de los alimentos y de los materiales para el cuidado animal debido a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania y de la sequía.
Esta medida, conforme ha señalado la institución provincial, supondrá para los ganaderos de la provincia 0,78 céntimos más al día por animal, hasta los 3,33 euros.
Al respecto, en otro comunicado remitido a los medios, el PP de Lugo ha sostenido que, con su voto a favor, tanto socialistas como nacionalistas han acordado que los ganaderos que tienen animales en este centro público paguen 3,33 euros por animal/día, una subida del 30%, ya que hasta ahora pagaban "2,55 euros".
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
Además, el pleno también ha aprobado la cuenta general de la institución provincial correspondiente al año 2022, "cumpliendo así con los plazos legalmente establecidos".
La diputada de Economía, Mayra García Bermúdez, ha destacado que el gasto comprometido alcanzó en el año 2022 un 86,3%, consolidando a la Diputación de Lugo "como una de las administraciones locales de España con mayor grado de ejecución presupuestaria".
Sobre este punto, el diputado provincial del PP Antonio Ameijide ha considerado necesario que los datos de la cuenta general "hagan reflexionar" al gobierno provincial para conseguir un "mejor funcionamiento" de la Diputación de Lugo y un mejor reparto de los recursos, tanto humanos como materiales para dar un "trato igualitario a todos los ayuntamientos".
Por último, en la sesión plenaria celebrada este martes se ha acordado por unanimidad la adhesión de la Diputación al servicio de asistencia técnica y dinamización para la participación y gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia por parte de Tragsatec, la empresa pública de tecnologías que forma parte del grupo Tragsa.