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La Audiencia Provincial de Pontevedra ha acordado este miércoles el aplazamiento del juicio contra 28 acusados (había uno más que falleció) por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína transportadas en el buque MV Karar en plena pandemia de Covid, debido a la baja de la letrada encargada de la defensa del cabecilla de la organización, J.C.S.N., y después de que ni éste ni otros seis acusados, todos representados por la misma abogada, hayan comparecido para la vista.

Así, la sala ha acordado la suspensión del juicio, que continuará en las fechas en que se había señalado para el próximo mes, a partir del 17 de abril. La magistrada presidenta ha advertido de que los siete acusados que no han comparecido este miércoles se han ausentado de forma injustificada, por lo que serán vueltos a citar y apercibidos de que, si vuelven a ausentarse sin justificación, "serán conducidos por la fuerza pública".

Por otra parte, el tribunal también ha determinado, acogiendo los alegatos de Fiscalía, Abogacía del Estado y del resto de defensas presentes, que no procede un enjuicimiento por separado y que el juicio debe hacerse a la vez a todos los procesados.

De hecho, el tribunal se ha constituido precisamente para resolver sobre esa cuestión, toda vez que ya se había aceptado previamente la suspensión por baja médica de la abogada ausente.

Uno de los letrados ha explicado en declaraciones a los medios que las defensas, al igual que la Fiscalía, se han opuesto a que la causa se juzgara por grupos separados de acusados, y ha recordado que las declaraciones de los imputados que no estuvieron este miércoles fueron aceptadas como prueba y un juicio sin estos siete implicados podrían causar indefensión de sus patrocinados.

Este miércoles han comparecido 21 de los acusados, de los cuales 16 permanecen en prisión preventiva. Así, están en la cárcel 14 tripulantes del MV Karar, de Bangladesh y Nepal, y un ciudadano colombiano, además de un gallego que está en prisión, aunque por otro procedimiento.

SALIDA DE PRISIÓN DE VARIOS DE ELLOS
No obstante, el 25 de abril se cumplirán cuatro años desde que ingresaron en la cárcel por esta causa los tripulantes del buque, y la ley no permite superar ese plazo de prisión preventiva, por lo que, todo parece indicar que saldrán en libertad antes de que haya una sentencia por estos hechos.

Esta es la segunda suspensión de este juicio, que ya estuvo señalado para febrero, y que se aplazó "por diversas cuestiones, entre ellas, cambios de abogados", informaba el TSXG.

TRANSPORTE DE COCAÍNA EN PANDEMIA
Según el escrito de acusación pública, J.C.S.N dirigía una estructura para disponer de embarcaciones preparadas para operaciones de alijo de droga en altamar, y coordinaba también los contactos para contar con naves en diferentes localidades en las que poder adaptar, pertrechar y resguardar esas embarcaciones.

Desde 2019, los investigadores conocieron sus movimientos y contactos para llevar a cabo este transporte, para lo que contaba con la colaboración, en tierra, de varias personas. Así, en la organización participaba un empresario dedicado a la venta y reparación de embarcaciones, un funcionario del servicio de Vigilancia Aduanera, varias personas encargadas de pilotar las lanchas, y otros acusados que también gestionaban cómo se distribuiría posteriormente la droga.

Entre febrero y marzo de 2020, los miembros de la organización realizaron numerosas reuniones, trabajos de adaptación de las embarcaciones, y otras acciones encaminadas a realizar el alijo de la cocaína que transportaba el MV Karar. A partir de abril, dichos trabajos se aceleraron, y ello a pesar de las medidas del estado de alarma por la pandemia de Covid, debido a que el carguero ya estaba realizando su singladura a través del océano Atlántico.

El 25 abril, el MV Karar fue abordado en altamar y sus tripulantes detenidos; horas después se produjeron las detenciones en tierra, aunque el cabecilla de la red, según la Fiscalía, "dispuso de información que le permitió adelantarse al abordaje" y huyó antes de ser arrestado.

Entre los acusados en este procedimiento están un funcionario de Aduanas y su mujer, a quienes la Fiscalía atribuye, además del delito de tráfico de drogas, un delito de blanqueo de capitales.

El ministerio público expone que, además de facilitar información sobre vigilancias y actividad policial a la organización, se encargaban también de la distribución de la droga, obteniendo un beneficio ilícito que el matrimonio trató de 'blanquear' mediante varias fórmulas: ingresos en efectivo, adquisición de bienes inmuebles y fincas e incluso la compra de dos boletos de lotería de Navidad premiados con 20.000 euros cada uno. En total, la Fiscalía estima que blanquearon entre 2015 y 2020 casi medio millón de euros.

DELITOS Y PENAS
El ministerio público atribuye a todos los acusados un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales; y un delito de integración en organización criminal. A mayores, al matrimonio acusado les imputa también un delito de blanqueo de capitales, y a un procesado al que le intervinieron una pistola, lo acusa también de tenencia ilícita de armas.

Para el cabecilla de la organización, pide la pena de 18 años y medio de prisión, así como una multa de 438 millones de euros; mientras que, para el resto, solicita 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.

En el caso del funcionario de Aduanas, la solicitud de pena se incrementa en otros 6 años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su mujer, la Fiscalía también pide la pena de cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión.

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