El Gobierno ha destacado las acciones puestas en marcha en los últimos años en apoyo a la continuidad de Alcoa en San Cibrán, en Lugo; mientras que el PP ha criticado que no aclare si autorizará los parques eólicos que ya cuentan con los permisos de la Xunta para dar energía a la planta a precios competitivos y si está dispuesto a la intervención temporal de las instalaciones si fuera necesario.

En una repuesta a los senadores del PP de Lugo, el Ejecutivo estatal sostiene que la planta de San Cibrao (Lugo) depende tanto de obtener unos precios de energía reducidos como de formar parte de un grupo industrial que sea competitivo, en un mercado global como el del aluminio.

Por todo ello, sostiene que "parece conveniente que desde todas las administraciones públicas se orienten a conseguir que Alcoa cumpla sus compromisos y plantee una respuesta para alcanzar la viabilidad de las plantas".

Por otra parte, recuerda que el Gobierno ha puesto en marcha distintos instrumentos de apoyo a las empresas grandes consumidoras de energía, tanto de electricidad como de gas natural, e indica que -de igual manera- el actual estatuto del consumidor electrointensivo ya contempla medidas específicas a favor de las empresas beneficiarias con mayor intensidad de consumo eléctrico, de forma que incluye tanto a las compañías electrointensivas como a las hiperintensivas en consumo eléctrico.

En este sentido, apunta que este Gobierno aprobó la exención del 85% de los peajes de transporte y distribución a los consumidores industriales, y la suspensión de algunos impuestos a las energéticas con la consiguiente repercusión positiva sobre los precios de la energía en sus consumidores.

"Concretamente a nivel de ayudas, se mantiene el instrumento de ayudas para la compensación de costes indirectos de CO2. En este sentido, desde el 2018 se viene haciendo un esfuerzo importante por aproximar el presupuesto de las convocatorias y la ayuda concedida respecto de la ayuda máxima posible, y el Gobierno sigue comprometido en subir estas aportaciones para compensaciones por CO2, dentro siempre de los límites que permite la Comisión Europea", explica el Ejecutivo estatal.

Además, explica que, debido al importante aumento del precio del derecho de CO2 en 2022, la ayuda ofrecida en la convocatoria del 2023 fue de 244 millones de euros y recuerda que existe un compromiso de elevarla a 300 millones de euros en 2024, tal y como anunció el ministro de Industria y Turismo en su comparecencia de líneas generales ante la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados el pasado 29 de enero.

"Además de las convocatorias anteriores", el Gobierno ha indicado que, en estos momentos, se está gestionando la convocatoria de la línea 1 del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Descarbonización Industrial, que cuenta con 500 millones en subvención y otros 500 millones en préstamo, para ayudas a las inversiones de la industria manufacturera.

CRÍTICAS DEL PP
Al respecto, los senadores del PP de Lugo, José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano, han lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez no responda a dos cuestiones clave en relación a Alcoa al no aclarar si tiene previsto autorizar los parques eólicos (que ya cuentan con los permisos de la Xunta) para dar energía a la planta a precios competitivos y si está dispuesto a la intervención temporal de las instalaciones si fuera necesario.

Balseiro ha incidido, además, en que el Ejecutivo solo respondió a dos de las cuatro preguntas formuladas y añade que "el propio Gobierno reconoce que obtener un precio de la energía competitivo contribuye a la viabilidad de la planta de San Cibrao" y que "todas las decisiones de las administraciones públicas se deben orientar a consentir que Alcoa formule una propuesta para lograr la viabilidad de las plantas.

Frente a ello, los populares lucense censuran que el Ejecutivo estatal evite responder sobre la agilización de los trámites necesarios para autorizar, cuanto antes, los parques eólicos vinculados a las PPAs suscritas por la empresa con eléctricas para garantizar la efectividad y el suministro del complejo industrial.

"Tampoco responde sobre su disposición a activar, si fuese necesario, la intervención pública instrumental y temporal de Alcoa para, a través de la SEPI como instrumento intermedio, buscar un operador fiable que presente un proyecto industrial solvente y así garantizar la actividad y mantener todos los puestos de trabajo", ha dicho.

El senador indica, además, que el Gobierno de Sánchez asegura que puso en marcha instrumentos de apoyo a las empresas grandes consumidoras de energía" pero sostiene que "lo cierto es que el Ejecutivo tiene margen para poner a disposición instrumentos públicos de apoyo a esta industria, por ejemplo, "aumentar hasta el máximo permitido por la UE la compensación de costes indirectos de CO2".

"La continuidad de la actividad y el futuro de Alcoa está en entredicho" por la "incapacidad del Gobierno de España para garantizar un marco energético estable que le permita a la planta, la única fábrica de aluminio primario en España, competir en igualdad de condiciones con el resto de plantas de otros países de Europa".

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