Exresponsable de Compras del Sergas defiende la contratación menor pese a admitir "margen de mejora"
jueves, 5 de diciembre de 2024, 13:20
El ex subdirector xeral de Compras del Servizo Galego de Saúde (Sergas) Alberto Baz, que estuvo en el cargo durante la pandemia de la covid, considera que "siempre hay margen de mejora" en la contratación menor, "principalmente" en materia sanitaria, pero la ha defendido como un sistema legal.
En su comparecencia este jueves en la comisión constituida en el Parlamento gallego para investigar la contratación de la Xunta, ha explicado que este sistema de compras es "importante" para productos y fármacos que tienen patentes exclusivas.
Por este mismo motivo, Baz ha confirmado, al responder a los grupos de la oposición, que "siempre hay un cierto grado de concentración" de las compras en determinadas empresas, también en pandemia, pese a la "política de diversificación" que se siguió el Sergas.
Durante intervenciones de este viernes, ha sido llamativa la del diputado del BNG Óscar Ínsua, que ha sacado un largo listado de contratos de la Xunta con Eulen --donde es directiva Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente Alberto Núñez Feijóo-- para denunciar que la documentación enviada a la comisión "no dice toda la verdad".
En ese momento, la presidenta de la mesa, la popular Elena Candia, le ha pedido que recogiese el papel y le ha reprendido porque "hay imágenes que afectan al decoro de la Cámara".
Más tarde, durante otra comparecencia, el diputado del PP Roberto Rodríguez ha lamentado con ironía no haber presenciado este episodio. "Montan el circo y yo me lo pierdo", ha dicho.
Por parte del PSdeG, Patricia Iglesias ha subrayado ante Baz que su grupo alaba "la gran labor de los funcionarios públicos", pese a las acusaciones que le hacen reiteradamente los populares, y ha señalado "conflictos de intereses" en la contratación con empresas con Eulen y con Universal Support, que prestó apoyo al servicio de rastreadores en pandemia. Pertenece al Grupo Konecta, donde es directivo el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas.
Iglesias también ha indicado cómo el Consello de Contas señaló que, durante la pandemia, "dos de cada tres euros" contratados por el sistema de emergencias "se repartieron entre cuatro empresas".
Enfrente, el diputado del PP Julio García Comesaña --fue conselleiro de Sanidade entre 2020 y 2024-- ha defendido la "transparencia" de todos los procedimientos y ha deslizado que con Eulen también contrataron el bipartito y ayuntamientos dirigidos por PSdeG y BNG.
"INVIABLE" EMPLEAR OTROS PROCEDIMIENTOS
También ha acudido este jueves a la comisión la actual subdirectora xeral de Compras del Sergas, Lara Otero, quien ha confirmado el "colapso de las cadenas de suministros" que justificó la necesidad del trámite de emergencia: "La utilización de otros procedimientos era totalmente inviable".
Otero ha expresado en la comisión su apuesta por el sistema de compra centralizada que ahora está potenciando el Sergas, porque permite "mayores ahorros" al estar basada en "economías de escala".
Durante esta comparecencia, el diputado del BNG Luís Bará ha vuelto a quejarse por la falta de documentación y ha recordado que, cuando la subdirectora xeral los recibió a él y a otros representantes del Bloque en la Consellería para revisar documentación in situ, ella acudió a hacer una llamada cuando le reclamaron más información.
Otero, aparte de defender que "en todo momento la Consellería cumplió el acceso a los expedientes", ha desvelado que hizo la llamada para consultar si "podía imprimir" documentos que solicitaron los nacionalistas en los que "no estaban anonimizados algunos datos personales".
UNIVERSAL SUPPORT
Las adjudicaciones a Universal Support ha sido otro de los asuntos que han centrado esta jornada de comparecencias. Luís Bará (BNG) ha preguntado "con quién mantuvo contactos" la Xunta para la tramitación de unos contratos que, en total, superaron los 15 millones de euros.
La subdirectora xeral de Compras ha reconocido que formó parte de los procesos de adjudicación, pero que "en ningún momento" por parte de la empresa participó el cuñado de Feijóo, a quien se ha referido como "la persona que ustedes citan".
Sobre el servicio de rastreo ha dado más detalles en su comparecencia, ya por la tarde, José Flores, quien fue director del 061 entre 2018 y septiembre de 2020, cuando asumió el cargo de gerente del Sergas. Actualmente, es gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.
Flores ha explicado que, con la pandemia, el 061 triplicó el número de llamadas recibidas, por lo que se buscó "desesperadamente" una empresa de telemarketing para contar con más recursos humanos en la parte de rastreo y de información a la ciudadanía.
El Sergas llegó a Universal Support porque "había empezado a trabajar" para el servicio de emergencias madrileño y, aunque tenía "poca experiencia", fue capaz de poner a disposición "unos 100 teleoperadores en 48 horas".
Inicialmente, se le adjudicó el servicio a través del procedimiento de emergencias que "se fue prorrogando". Meses más tarde, a mediados de 2021, Sanidade sacó a licitación por separado los servicios de rastreo y de información, pero solo este último lo ganó Universal Support.
"CONFLICTO DE INTERESES"
Montse Prado (BNG) ha ironizado con la "casualidad" que supone que encontrasen esta empresa con el cuñado de Feijóo como directivo, mientras que Patricia Iglesias (PSdeG) ha insistido en el posible "conflicto de intereses" que podía suponer.
Ambas, además, han criticado las condiciones laborales que ofertaba la empresa y que hasta entonces no contaba con "experiencia previa" en este tipo de servicios.
Desde el PP, Roberto Rodríguez ha apuntado que esta firma también había trabajado para el Ejecutivo estatal. "¡Tenemos al Gobierno de Pedro Sánchez beneficiando a la empresa del cuñado de Feijóo!", ha ironizado.
Por otra parte, ha acudido a la comisión el actual director xeral de Simplificación Administrativa, que lo fue de Función Pública durante la pandemia, José María Barreiro. Ha reiterado la legalidad de los contratos menores y ha explicado que la normativa solo exige que el expediente contenga "la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente".