La Audiencia Provincial de Ourense ha albergado por segunda vez un juicio contra un abogado ourensano por presunta estafa de la que fueron víctimas una madre y una hija a las que cobró, según el Ministerio Fiscal, casi 28.000 euros por la gestión de una herencia que no llevó a cabo.

Los hechos tuvieron lugar entre 2017 y 2019 y fueron juzgados en el 2024, concretamente en enero de ese mismo año. Entonces el abogado salió absuelto, pero en el mes de julio el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó repetir el juicio porque los mensajes de WhatsApp se excluyeron como prueba.

La Audiencia Provincial no los tuvo en cuenta debido a que la diligencia de cotejo sólo permitía acreditar que se encontraban en el teléfono de la denunciante, pero no identificar con quien mantenía esas conversaciones en las que se hablaban de los presuntos pagos.

El tribunal señalaba que el teléfono que figuran en las conversaciones es el utilizado por el acusado para contactar con el Servicio Galego de Saúde (Sergas), por lo que para la sala "es incuestionable la errónea consideración o no consideración de una prueba que se antoja de relevancia para la resolución de la cuestión".

Así las cosas, un año después las víctimas y el acusado han vuelto a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial, donde han mantenido lo defendido hace un año, con la diferencia de que esta vez el letrado acusado ha declarado en último lugar.

Así pues, la hija, que ejerce la acusación particular, ha relatado que conocía al abogado previamente por ser "vecinos" del barrio y que tenían "buena relación". Así, ha negado que pactasen precios de costes u honorarios, ni verbalmente ni por escrito, y ha dicho que "confiaba totalmente en él". "Me contaba milongas y yo me lo creía, nos conocíamos e incluso fuimos de cena juntos", ha manifestado.

En esta línea, ha rememorado que se enteró de que algo pasaba cuando faltaba por pagar la procuradora de oficio, a pesar de que ella había entregado una cantidad destinada a ella. Entonces un amigo la acompañó junto a su marido hasta otro abogado a contrastar datos de los pagos.

Según ha narrado, este letrado le dijo que "sin los papeles poco podía hacer" toda vez que la mujer no tenía "recibís de las grandes cantidades" pero le dejó claro que "era una estafa". Además, ha dicho que llegó a entregar al acusado para hacer frente a distintos costes sobres con dinero.

En concreto, según apuntó, primero se lo dejaba en el despacho, pero después en una sala al fondo del Colegio de Abogados. En uno de sus sobres entregó la mitad de las costas, alrededor de 9.000 euros, en otra ocasión hizo entrega de 7.000 euros. "Fue donde dije no puedo más", ha dicho.

Conforme ha señalado, esto ocuriró en agosto de 2020, cuando la mujer aseguró que "no tenía más dinero" y que incluso "intentó pedir un préstamo" que acabó cancelando al "desandar el camino andado y enterare de todo".

La herencia se trataba de la legítima que le pertenecía a una media hermana por el fallecimiento del padre. La hija que ejerce la acusación particular se encargaba de la gestión con el abogado porque la madre de ambas, de avanzada edad, la había puesto de titular en la cuenta bancaria.

La mujer, con 90 años, también ha declarado indicando que tenía un patrimonio pequeño "apenas calderilla", pero para que la hija no tuviese que usar el dinero de su propia cuenta bancaria decidió vender un piso en un barrio ourensano.

"Más que venderlo lo regalé, me da hasta vergüenza decir por cuánto", ha expuesto entre lágrimas antes de añadir que fueron "38.000 euros" y que aún así tuvieron que emplear el dinero de la hija. "Acabó con lo mío, con lo de la hija y con la salud de todos. Acabó con todo", ha esgrimido emocionándose relatando que su hija le tenía al letrado "mucha confianza" que le decía que "era como de la familia".

EL ACUSADO NIEGA LOS HECHOS
Por su parte, el acusado ha indicado que la mujer tiene una relación de amistad con su ex mujer y que en una de esas conversaciones "incluso llegó a preguntarle mi patrimonio porque quería hundirme".

Según su versión, las víctimas "querían facturas infladas para que le quedase menos herencia a la hermana" porque "se tenían un odio exacerbado", motivo por el que ha aludido que también vendieron el piso, "para que le quedase menos".

"Cómo voy a engañar a una persona cuando tiene conocimiento de derecho, que es funcionaria de prisiones, y cuando en 30 años de profesión no he engañado a nadie", ha defendido el acusado asegurando que "siempre" hizo recibís.

En la sala se han escuchado grabaciones de llamadas telefónicas entre la víctima y el abogado. En ellas, ella reclama que en las minutas se ha gastado 72.000 euros y que "ya sólo en las costas de primera instancia fueron casi 30.000 euros". "Soy idiota por haber confiado en ti", se escucha decir a la mujer en unos aduios en los que el acusado ha negado reconocerse.

Entre las cantidades que recoge el escrito fiscal se reflejan 2.190 euros como "provisión de fondos", 4.850 euros por aumento de cuantía en el procedimiento ordinario por tema de herencia, 7.569 euros "por aranceles y retención fiscal", 2.625 euros "por gastos fiscales", 2.850 euros "por acción reconvencional" y 5.985 euros "por acción en procedimiento" entre otros.

Así las cosas, el Ministerio Fiscal considera que es un delito de estafa y pide tres años y medio de prisión "por aprovecharse de su condición profesional". También la acusación particular considera acreditado el delito y solicita el mismo tiempo de prisión, pero una responsabilidad civil que asciende a 104.000 euros y una multa a razón de 6 euros diarios durante 12 meses.

Por su parte, la defensa del letrado ha rebatido que "no es creíble que una funcionaria no haya hablado de honorarios" y ha defendido que "el trabajo se hizo, se celebró el juicio, aumentó la cuantía a este señor se le acusa por haber cobrado de más, pero hizo su trabajo". En su informe de conclusiones ha pedido la libre absolución, al igual que la defensa de la aseguradora del abogado.

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