Varios de los abogados defensores en el juicio que se celebra contra 28 acusados por el alijo de casi 4 toneladas de cocaína transportadas por el buque Karar han anunciado este martes la impugnación de las notas de la DEA que obran en la causa, al considerar que se vulnera el derecho de defensa, ya que los agentes de la agencia antidroga estadounidense que participaron en la investigación no tienen que declarar.

Así, este martes, en la última sesión del juicio con declaración de testigos (la vista se reanudará el 12 de febrero, ya con las conclusiones del ministerio fiscal), la sala ha confirmado la llegada de una notificación del Ministerio de Exteriores que certifica que los cuatro agentes de la DEA llamados a declarar estaban acreditados como personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en España cuando se produjo del abordaje del Karar.

Estos agentes, que proporcionaron información a la Policía sobre la singladura del barco y el cargamento de droga que iba a bordo, están, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exentos de declarar en juicio, al ser personal diplomático acreditado.

Tras confirmarse este extremo, varias de las defensas han trasladado al tribunal que impugnan la documentación obrante en el procedimiento y que fue aportada por la agencia americana, alegando que, al no poder interrogar a los testigos, no se podía rebatir su contenido y se vulnera, entre otros, el derecho de defensa. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han opuesto estas impugnaciones que, en todo caso, serán resueltas en sentencia.

El juicio por estos hechos enfila ya su recta final, después de casi 10 meses de sesiones, y la semana que viene está previsto que las partes den a conocer sus conclusiones.

En el banquillo se sientan 28 acusados, entre ellos el arousano Juan Carlos Santórum y varias personas de su entorno; un exfuncionario de Aduanas y su mujer; un constructor naval; un ciudadano colombiano; y los 15 tripulantes del Karar (5 ciudadanos de Bangaldesh, 9 de Nepal y un gallego), que fue apresado en abril de 2020 en altamar cuando supuestamente se dirigía con el cargamento de cocaína a las costas gallegas.

La Fiscalía pide para Santórum, por los supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, penas que suman 18 años y medio de prisión, y para el resto de acusados, penas que suman 13 años y medio de cárcel (dos años más para uno de ellos por tenencia de armas). En el caso del exagente de Aduanas y su mujer, la petición de pena se eleva a 19 años y medio de cárcel, porque también les atribuye un delito de blanqueo.

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