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La investigación sobre él comenzó cuando se hizo cargo del proceso de liquidación otro profesional, que detectó pagos y la emisión de cheques sin justificar

Después de dos aplazamientos en febrero, la Audiencia Provincial de Lugo celebró finalmente esta mañana el juicio contra un hombre que está acusado de apropiación indebida mientras ejercía de administrador concursal de una empresa de Monforte de Lemos (Lugo). El caso ha quedado visto para sentencia.

Aunque en la última ocasión se anunció la intención de llegar a un acuerdo entre las partes, finalmente no lo hubo y el juicio se celebró con la petición del fiscal de cinco años y siete meses de prisión, además del pago de una multa de cerca de 4.000 euros y la devolución del dinero a la empresa concursada.

El acusado, un hombre mayor con problemas de salud, que fueron los que le llevaron a suspender las anteriores citas con la justicia, acudió finalmente este viernes al juzgado para responder únicamente a las preguntas de su abogado y a las formuladas por la jueza, y donde explicó que ha sido declarado como insolvente.

El juicio contó con un único testigo, el administrador concursal que tomó posesión después del cese del acusado y que fue también responsable del iniciar la investigación a través de un informe de revisión del estado de cuentas. Su comparecencia se alargó durante más de una hora para responder a las preguntas tanto de la fiscal como de la defensa y también de la jueza, que intervino para poder aclarar varios puntos de una investigación "muy compleja".

Según se puso de manifiesto durante el proceso, el acusado ejerció como administrador concursal en este caso en concreto entre los años 2012 y 2017. Durante ese tiempo, presuntamente, retiró varios pagos a su favor por un importe total de 149.875 euros, de los que habría que descontar sus honorarios, por lo que se le reclama la devolución de 91.000 euros a la empresa, que ya no tiene actividad. En principio se pedían 112.893 euros, pero después de la declaración del testigo la cantidad se rebajó para ajustarla a la estimación del experto.

El administrador concursal que cerró el proceso relató a través de las numerosas preguntas que le formularon que cuando se hizo cargo del mismo, debido al cese del anterior después de cinco años, se encontró con varios pagos y retiradas de dinero que nada tenían que ver con los pagos a deudores y que, además, no tenían su debida justificación. También explicó que estos procesos tienen una duración estimada de no más de un año, por lo que no se entiende que este se alargara tanto en el tiempo. Además, habló de unos pagos a través de cheques al portador y también de otros a dos personas "con apellidos coincidentes con el acusado", matizó la fiscal.

La fiscal, a través de sus preguntas al testigo, quiso dejar claros varios puntos, como la falta de informes trimestrales del concurso, las retiradas de dinero sin justificación y la existencia de los cheques al portador.

Que el concurso se hubiese prolongado tanto en el tiempo, hasta los cinco años, fue otro de los temas de discusión. El testigo aseguró que "la única razón" que él veía para esto sería intentar la venta de dos parcelas del polígono de Monforte, que podrían haberse integrado en la masa concursal para pagar a deudores. Dichas fincas no llegaron a venderse.

Por su parte, el acusado explicó que la situación se fue alargando en el tiempo debido a los problemas de plazos y diferentes gestiones y aseguró desconocer muchos de los pagos, "que se hicieron a través de otra gente que era de confianza". Afirmó también que el juzgado le instó en varias ocasiones a que cerrara el proceso de liquidación, pero que arreglaba con ellos de palabra para seguir con el proceso.

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