La Xunta impulsa la universidad de Abanca perjudicando a la pública al aprobarle derecho, denuncia PSOE
jueves, 10 de abril de 2025, 13:11
El PSdeG ha acusado a la Xunta de Galicia de romper el consenso universitario y facilitar el avance de la universidad privada en detrimento del sistema público. Según el diputado socialista y ex-rector de la Universidad de A Coruña Julio Abalde, la Consellería de Educación ha autorizado nuevas titulaciones en la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) sin diálogo ni coordinación con las universidades públicas gallegas. Dos de ellas, derecho y psicología, que ya imparten las universidades públicas.
La polémica surge tras la aprobación por parte de la Xunta del grado en Derecho en la UIE, una titulación que ya se imparte en las universidades públicas de A Coruña, Santiago y Vigo. Abalde denunció hoy en el Parlamento que estas decisiones se toman "sin informar previamente a las universidades públicas, convirtiéndose en hechos consumados". Además, recordó que en 2023 se autorizó el grado en Psicología bajo circunstancias similares. Estas medidas contravendrían la Ley del Sistema Universitario de Galicia, que busca evitar duplicidades en la oferta académica.
Las facultades de Derecho de las universidades públicas gallegas han emitido un documento conjunto expresando su rechazo a esta nueva titulación, argumentando que las 480 plazas actuales cubren suficientemente la demanda. Critican que la aprobación del grado por parte de la Xunta distorsiona la oferta académica y vulnera los acuerdos establecidos en el mapa de titulaciones aprobado en 2022.
Por su parte, la UIE defiende su propuesta como "innovadora y adaptada a las demandas profesionales emergentes". La universidad privada, vinculada a Abanca, ya ofrece otros cinco grados y varios másteres universitarios en sus campus de Vigo y A Coruña.
Desde el PSdeG se acusa al Gobierno gallego de aplicar una doble vara de medir: mientras limita y exige mínimos a las universidades públicas, permite a la UIE incorporar titulaciones existentes sin control ni evaluación del impacto. "No es una decisión técnica, es una decisión política", afirmó Abalde. Según el parlamentario, estas acciones reflejan una estrategia del Partido Popular para debilitar lo público y favorecer lo privado.